Ante la reciente aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto 1523 de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó el apoyo de su homólogo popular, David Bernier.

“El que un proyecto tan nefasto cuente con la aprobación y el respaldo del candidato a la gobernación del Partido Popular, certifica que no representa ningún cambio con las políticas de éste gobierno que son la declaración de guerra contra el pueblo de Puerto Rico y los trabajadores. Con esta acción de Bernier, quedó patentizada su adhesión a la administración García Padilla como ya lo hemos advertido anteriormente en otros asuntos”, sostuvo la también senadora en un comunicado de prensa.

De otra parte, Santiago señaló la poca diferencia entre la medida aprobada y el nombramiento de un síndico. “Se trata de la entrega a los acreedores del control de la gobernanza de la AEE”, dijo.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto la noche del lunes con 26 votos a favor, 22 votos en contra y dos abstenidos.  La medida con enmiendas fue aprobada a pesar que se había informado era incierto su futuro en el Bajo Cuerpo. El lunes el gobernador Alejandro García Padilla aseguró que ningún representante había expresado intención de no favorecer el proyecto. La medida ya había sido aprobada en el Senado también.

Se informó que el representante popular Manuel Natal votó en contra de la medida, así como la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). El representante popular Carlos Bianchi y la represente penepé Lourdes Ramos se abstuvieron de la votación por ser empleados de la corporación.

“Nos encontramos ante un ensayo general para la imposición de una Junta de Control Fiscal federal. A nadie se le puede escapar que el sistema de nombramientos para el que dispone la medida está diseñado para asegurar el control de los acreedores -que solamente procurarán satisfacer sus intereses- en detrimento de los trabajadores y la gente que indudablemente sufrirán la carga económica una vez entrado en vigor este acuerdo”, dijo.

Mientras, la también portavoz del PIP en el Senado reafirmó, una vez más, su advertencia al país de un inminente aumento a los abonados en la tarifa de electricidad.

“Debemos tener mucho cuidado con la demagogia del liderato cameral, que dice que el proyecto no aumenta tarifas, porque si bien es cierto que las tarifas no se aumentan y nunca se han aumentado por la vía legislativa, la base de la negociación del acuerdo con los acreedores es la generación de ingresos que solamente se logrará, en primer lugar, mediante el aumento de la tarifa -que se debe aprobar en un término no mayor de 6 meses según el mismo texto del proyecto- y, en segundo lugar, el cargo por financiamiento que hará que el pueblo de Puerto Rico costee cada uno de los detalles envueltos en las transacciones en las que participe la corporación para la revitalización que crea la ley”, señaló.