El gobernador Alejandro García Padilla firmó la noche del martes el Proyecto del Senado 1523 que crea la Ley de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) luego que el Senado concurriera con las enmiendas realizadas en la Cámara de Representantes.
“Convertido en ley el proyecto de revitalización de la AEE”, indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter a eso de las 10:45 de la noche.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia señaló que el grupo de enmiendas introducidas y con las que se concurrieron en el Alto Cuerpo, no altera ni cambia los derechos existentes de las partes relacionadas.
“Las enmiendas no cambian ninguno de los derechos existentes o el lenguaje de las leyes existentes para ninguna parte interesada, simplemente clarifican el lenguaje de las leyes existentes y crean un mecanismo ordenado para asegurar que los nuevos bonos sean válidos y obligatorios”, expresó Bhatia, al presentar la medida para votación por el cuerpo legislativo.
Según indicó, la primera de las enmiendas con las que se concurre incluye como parte de la definición del acuerdo de acreedores que ni los clientes, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizarán de forma alguna la deuda emitida a través del mecanismo de titulización.
Otra de las enmiendas fortalece los derechos de los clientes o abonados de la AEE en el proceso de objeción y pronta resolución de las facturas que son objetadas. Según la enmienda, se establece que los clientes tienen derecho a que se les notifique, dentro de un término de 30 días cuál será el procedimiento a ser utilizado para atender su reclamación ante la Autoridad y que la reclamación sea debidamente atendida en un término no mayor de 60 días.
Mientras tanto, el líder senatorial señaló que una enmienda adicional se relaciona con la validación final del proceso de la Orden de Reestructuración al amparo de la cual se realizará la emisión de bonos mediante el mecanismo de titulización. Se incluye que como parte del proceso de validación, debe contener cualquier reclamación de personas que cuestionen la validez o legalidad de alguna parte de la deuda a ser titulizada.