Constante éxodo de profesionales de la salud amenaza acceso a servicios médicos

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Comisión de Salud continuó el miércoles, vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1083 para enmendar el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer un panel especial para atender casos de impericia médico-hospitalaria que evaluará las demandas presentadas y determinará si debe recomendarse la imposición de fianza a la parte demandante.

La Exposición de Motivos de la medida de administración, destaca el éxodo de profesionales de la salud a raíz de la presentación de demandas “frívolas” de impericia médica y subraya el compromiso del Gobierno de garantizar a la población acceso a servicios básicos y especializados.

El doctor Nabal José Bracero, de la American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sección de Puerto Rico, y presidente y fundador de Puerto Rico Obstetrics and Gynecology (PROGyn), favoreció el proyecto que describió en declaraciones escritas como “un paso adelantador en una reforma necesaria de nuestro sistema de demandas por impericia profesional. Un sistema que debe vigilar los derechos del demandante, pero también tiene que tomar en consideración la justa asignación de responsabilidades”.

Señaló que de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre el 2000 al 2010, una cantidad neta de 288,000 de profesionales de la salud partió a Estados Unidos, un paso que ha ido acelerando en los últimos años. Además, en base a data de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aproximadamente el 30 por ciento de los residentes sale de la Isla una vez completan su entrenamiento; en algunas especialidades, como medicina de familia o ginecología, el por ciento es mayor (50 por ciento).

El galeno recomendó que las demandas sean evaluadas por frivolidad por el panel propuesto y que la fianza que se asigne al demandante, sea proporcional a su estado financiero. Si el individuo no puede aportar algo, sugirió que el estado asigne una cantidad nominal o simbólica, pero que se concrete el proceso de evaluación por frivolidad.

“Cuando hablamos de cuanto se desembolsa en Puerto Rico todos los años en gastos de impericia médica, tenemos que ver cuánto la industria de seguro está dedicando a esto, más sumarlo a cuanto se está adjudicando (…) Si hago la vida más atractiva a mis residentes, van a pensarlo dos veces antes de irse. Cualquier legislación que atienda el acceso a servicios médicos, bajando las demandas frívolas sin quitarle acceso a justicia, a víctimas, es bienvenido”, indicó Bracero durante su ponencia.

De otra parte, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, doctor Félix Rodríguez del Río, representado por la licenciada Vilma López, opinó que “la mayoría de las demandas presentadas en Puerto Rico son de carácter frívolo y en muchas ocasiones basadas en ciertos peritos quienes, según su propia admisión, no están preparados ni certificados para ejercer esa área de la medicina”. Sostuvo que con la creación del panel especial, “no solo estaríamos proveyendo un sistema justo tanto para los demandados como los demandantes, sino que ahorraría al Gobierno cientos de miles de dólares que se pierden en litigaciones de demandas frívolas”.

Recomendó que el panel esté compuesto por un médico generalista, un médico especialista en algún área de la cirugía, un médico internista o de cualquiera de sus subespecialidades, un médico radiólogo y un miembro nombrado o subcontratado para cada caso especialista en el área de la especialidad en litigio. En cuanto a los letrados a incluirse, dijo se allana a la discreción de la Comisión.

A la audiencia, comparecieron la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médica, del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), quienes mostraron algunas reservas por entender que la salida de médicos de la Isla, no responde necesariamente a la presentación de demandas frívolas que aumentan el costo de las primas de seguros.

El director administrativo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, quien fue representado por la licenciada Mónica Hernández, asesora legal, y el licenciado Albeniz Curet, director de la Oficina de Legislación y Reglamento, catalogó de “loable” el propósito de la medida de erradicar la presentación de demandas frívolas, pero indicó que “nuestro ordenamiento legal provee alternativas para manejar situaciones” como estas y advirtió que la problemática no es exclusiva de Puerto Rico.

Mientras, el presidente de la Comisión de Salud y Responsabilidad Médico-Hospitalaria del Colegio de Abogados, licenciado Ariel Caro Pérez, agregó que el Presidente del Colegio creó una comisión especial para estudiar los asuntos legales relacionados a la responsabilidad médico-hospitalaria.

Antes de concluir los trabajos, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, concurrió con que “el acceso a los servicios de salud es lo importante y lo que carece Puerto Rico. Creo que esta Comisión debe evaluar en sus méritos eso” y aseguró que “evaluaremos este proyecto, no sin antes colocar como prioridad los servicios de salud. Todos sus planteamientos son válidos y debemos colocarlos en una balanza”.

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