Residentes de la comunidad Cimarrona en Guayama, junto a organizaciones ambientales, denunciaron que el material depositado, sin previo aviso, en un terreno colindante a sus hogares, proveniente del dragado de la Bahía Las Mareas, contiene cenizas de carbón, según confirmó un análisis de laboratorio, por lo que exigieron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el cese y la remoción inmediata del material por constituir una violación a la Ley 40-2017, que prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico.

“Sin aviso alguno, decenas de camiones llegaron a finales de mayo a descargar montañas de un material polvoso al lado de nuestras casas. Ese polvo se mete todos los días en nuestros vehículos, ventanas, balcones y hasta dentro de las residencias. Ahora sabemos que estamos respirando cenizas de carbón con metales tóxicos y exigimos que las saquen de nuestra comunidad de inmediato”, expresó Cathy Rivera portavoz de la comunidad Cimarrona.

Ante la sospecha de los residentes, el doctor Osvaldo Rosario López, investigador y catedrático retirado del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, remitió muestras representativas del material al laboratorio Eurofins, en Florida. Los resultados del informe analítico confirmaron la presencia de elementos tóxicos como arsénico, cromo, plomo, níquel y vanadio, entre otros metales, cuya combinación es característica de los residuos de combustión de carbón como los que produce la planta de AES Puerto Rico.

“La composición química del material, el contexto de procedencia de esa mezcla, y su coloración y textura física, no deja otra conclusión que estamos ante un material que contiene cenizas de carbón. La combinación de metales detectada es la firma característica de los residuos de combustión de carbón. Su presencia a pasos de residencias y de una quebrada representa un riesgo que el gobierno no puede ignorar”, explicó el doctor Rosario López.

Según la información obtenida por los residentes, el material proviene de las lagunas de sedimentación del dragado de la Bahía Las Mareas, proyecto que, según anunció la gobernadora Jenniffer González Colón, busca ensanchar el canal de entrada para permitir el acceso de barcazas de mayor tamaño que transportan carbón hacia la planta de AES, y que la corporación carbonera logre ahorros económicos.

Durante una inspección del área en Cimarrona, los denunciantes constataron la ausencia de rótulos sobre permisos, así como la falta de medidas de control de polvo fugitivo, erosión y sedimentación, a pesar de la cercanía inmediata de residencias. La Ley 40-2017, según enmendada por la Ley 5-2020, tipifica como delito grave la disposición de cenizas de carbón en cualquier lugar del territorio de Puerto Rico, con multas no menores de $25,000 por cada día que subsista la violación o hasta cinco años de reclusión.

La denuncia no se limitó a la comunidad Cimarrona en Guayama ya que se ha podido constatar que material proveniente de las lagunas de sedimentación de la Bahía Las Mareas fue dispuesto en una cantera de Empresas Aguirre Inc. en la carretera PR-7705 y en las instalaciones del propio Centro de Visitantes del DRNA en Aguirre en Salinas. Según los residentes de la comunidad, otras informaciones apuntan a su uso en una asfaltera en Salinas y una tosquera en la Carretera 15 de Guayama.

“Es indignante que el material haya llegado hasta las propias instalaciones del DRNA, la agencia que se supone nos proteja. Por eso le exigimos al secretario Waldemar Quiles Pérez que ordene el cese inmediato de los depósitos, que remueva el material fuera de Puerto Rico, que imponga las multas que dispone la ley y que se investigue el impacto en los suelos, las aguas y la salud de nuestra gente. No podemos permitir que conviertan nuestras comunidades en vertederos ilegales de cenizas”, concluyó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental.

En la carta entregada al secretario del DRNA, la comunidad solicita además un listado de todos los lugares donde se haya llevado el material y que la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en coordinación con el Departamento de Salud, realice un estudio de riesgos sobre el impacto de la exposición al polvo en los residentes.