SAN JUAN (CyberNews) – El director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz dijo el miércoles que no descartan acudir a los tribunales si el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey no entrega información sobre los procesos que ha seguido la agencia para garantizar la salud de los confinados en medio de la pandemia por COVID-19.
Según alegó, durante la emergencia la Comisión ha recibido múltiples querellas relacionadas con la población correccional pero no ha podido investigar ni una de ellas porque el DCR ha hecho caso omiso a las solicitudes de información generadas por el organismo público.
“De ordinario, la mayoría de las querellas que recibe la Comisión de Derechos Civiles provienen de los confinados y sus familiares. La emergencia por el coronavirus no ha sido la excepción, sin embargo, el cero acceso a la información solicitada al Departamento no nos permite realizar nuestra función. Podemos evidenciar la falta de acceso e información y la pobre cooperación por parte de los funcionarios de Corrección”, dijo Padilla Ruiz en una comunicación escrita.
Adelantó que concedió al DCR un término perentorio de 10 días para someter la contestación al Requerimiento de Información. El término vence el viernes, 8 de mayo. “De no recibir la información solicitada dentro del término perentorio concedido nos veremos obligados a acudir al Tribunal para solicitar la correspondiente orden judicial”.
Asimismo, alegó que desde el inicio de la emergencia, específicamente desde el 17 de marzo, han intentado mantener comunicación con el secretario y/o su equipo de trabajo y que no han recibido respuesta alguna sobre la información solicitada mediante mensajes y correos electrónicos.
Señaló que entre los requerimientos de información o ‘Habeas Data’ enviado el martes al DCR se encuentran el número de pruebas de COVID-19 realizadas hasta el momento, cantidad de casos positivos, casos negativos y casos en espera de todas las poblaciones correccionales incluyendo miembros de la población confinada, oficiales de custodia y otro personal de la agencia. El documento legal también solicita las directrices emitidas sobre la continuidad de servicios médicos y de salud para personas privadas de libertad con enfermedades crónicas.
“Solicitamos además las Estadísticas sobre atención de los servicios médicos ofrecidos mediante ‘sick calls’ durante el ‘lockdown’ y las relacionadas al movimiento en las Comisarías desde el 15 de marzo de 2020 al presente”, apuntó el director de la CDC al insistir en que el estado de confinamiento no es razón para que se los violenten sus derechos.
Añadió otros requerimientos como el inventario de órdenes de compra y el récord de la distribución de material desinfectante, mascarillas y guantes por institución, las querellas administrativas radicadas desde el 15 de marzo de 2020 hasta el presente y las medidas sobre comunicaciones con familiares de confinados. Todos los requerimientos deben estar segregados por institución.
Finalmente, advirtió que el resultado y/o los hallazgos de la investigación de la Comisión serán recogidos en un informe que será notificado, inicialmente a la gobernadora Wanda Vázquez, a los presidentes de los Cuerpos Legislativos, así como a los jueces del Tribunal Supremo y a los medios de comunicación.
