EL CAPITOLIO (CyberNews) – Con el fin de investigar los procesos de regulación y capacitación de los entrenadores y del personal técnico de las diferentes ligas deportivas en las que participan menores de edad y reguladas por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la Cámara de Representantes, en Sesión Ordinaria, favoreció el jueves, el informe final de la Resolución de la Cámara 162, de la autoría de los representantes José “Ché” Pérez Cordero, Joel Franqui Atiles, Félix Lassalle Toro, Michael Abid Quiñones Irizarry y la representante Maricarmen Mas Rodríguez.

El informe final de la Comisión de Recreación y Deportes  concluyó que tanto el Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas como el licenciamiento de los instructores de aptitud física atienden las inquietudes expuestas en la Resolución.

A pesar de ello, se recomendó al DRD ser enfático en la fiscalización del cumplimiento de los reglamentos vigentes y asignar más inspectores. Sugirió que dichos inspectores puede ser por medio de la Ley del Empleador Único.

Dichas regulaciones y capacitaciones son fijadas por el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y Recreación, adscrito a la Oficina del Secretario del DRD. Para el 2017, sobre cuatro mil personas tomaron cursos para la obtención de las licencias, tales como líder recreativo comunitario, líder recreativo adulto mayor, instructor de aptitud física, oficialidad y campamentos de verano.

Seguido, se favoreció el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 461, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que estudia la posibilidad de que el Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) renueve su afiliación con la National Collegiate Athletics Association (NCAA) e indagar las opciones del Sistema Educativo y sus Recintos a que se afilen nuevamente y ver su impacto ante la crisis fiscal que atraviesa la Isla y la propia crisis que enfrenta la Universidad.

Según los hallazgos de la Comisión de Recreación y Deportes, el Recinto Universitario de Cayey participó en los deportes de baloncesto, voleibol, béisbol y tenis, desde el 1996 al 2009 en la división II de la NCAA, por las aportaciones de 110 mil dólares que hacía la Administración Central de la UPR y que paulatinamente se redujo hasta desaparecer. Según del análisis, “el retorno de la inversión en atletas es beneficioso, tanto para el rendimiento académico, como deportivo del atleta”.

Asimismo, detalla que en el pasado además de ese recinto, también participaron los recintos de Mayagüez, Bayamón, Humacao y Río Piedras. Actualmente, solo el Recinto de Mayagüez participa activamente.

No obstante, los atletas que participan en la entidad de la NCCA son considerados amateurs, por lo cual no pueden participar de ligas ni competencias donde reciban remuneración.

También, se recibió el informe final de la Resolución de la Cámara 356, del representante Víctor Parés Otero, que estudia las oportunidades y beneficios brindados por la Sección 3, incluida en la Ley de 1968 de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development), para el desarrollo económico de residentes participantes del programa de vivienda pública de Puerto Rico, a fin de contrarrestar el impacto de cualquier merma en la asignación de fondos federales para la Administración de Vivienda Pública; entre otros fines.

La comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía; y de Vivienda y Desarrollo Urbano, concluyó que “las agencias obligadas a cumplir con lo dispuesto con las disposiciones de la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de 1968 aparentan estar en cumplimiento con las obligaciones contendidas en esta Ley”. Sin embargo, expone que hay cierta dificultad con cumplir con el porciento requerido en cuando a las subcontrataciones.

Entre las recomendaciones que realizaron las comisiones se destaca la “creación de un Consejo Asesor que integre sectores del gobierno para darle la fuerza a la Sección 3 de dicha ley y que, en cada agencia haya un cuerpo que trabaje con este programa.

Por parte de la Comisión de Transportación e Infraestructura se avalaron los primeros informes parciales de las Resoluciones de la Cámara 96 y 97, del representante Lassalle Toro, que investiga las condiciones de la carretera estatal PR-446 en el Municipio de San Sebastián con el fin de auscultar el estatus de la reconstrucción del tramo de carretera que colapsó a causa de las condiciones del tiempo; y las carreteras estatales PR-109, PR-111, PR-119 y PR-446, también del Municipio de San Sebastián, las vías PR-120 y PR-124 en la jurisdicción del Municipio Las Marías y la PR 459 en el pueblo de Isabela, respectivamente para mejoras necesarias.

Con relación a la Resolución 96, se menciona que dicho tramo se encuentra bajo el estudio de un Geólogo para verificar las alternativas para la reconstrucción de la misma. Referente a la Resolución 97, se expone que la PR-111 es una de las vías que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estará trabajando bajo el Programa de Mejoras de Seguridad Vial. La Comisión plantea que dará seguimiento a los trabajos por parte del DTOP en las zonas y demás carreteras mencionadas.

Se autorizó, mediante las resoluciones de la Cámara 575, 577, 580 y 866, extender el término para rendir informes de las comisiones de Seguridad Pública; de lo Jurídico; de Transportación e Infraestructura; y de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”.

El Pleno no concurrió con las enmiendas realizadas por el Senado de Puerto Rico en el Proyecto de la Cámara 335, por lo que se conforma un comité de conferencia.

La Cámara de Representantes recesó los trabajos hasta el jueves, 31 de mayo de 2018, a las 11:00 de la mañana.