Asociaciones de padres rechazan proyecto de ley de educación especial

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SAN JUAN (CyberNews) – Integrantes del Comité Timón del Pleito Rosa Lydia Vélez, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, y otros grupos de defensa de derechos de la población rechazaron un proyecto de ley, que según alegaron, perjudica a los estudiantes de educación especial del Departamento de Educación (DE).  

“El Proyecto de la Cámara 1945 es un proyecto que perjudica y afecta derechos de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), y afecta estipulaciones en el caso Rosa Lydia Vélez v Departamento de Educación que representan conquistas de la población con diversidad funcional alcanzadas a través del sistema judicial puertorriqueño. Consiste en 36 artículos que impactarán de manera directa lo que hoy conocemos como Secretaría de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos (SAEE)”, indicó en declaraciones escritas, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón.

Indicó que esa medida busca establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico” con el objetivo de derogar la Ley 51-1996, según enmendada, y enmendar la Ley 85-2018, también conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, entre otras.

Alegaron que la pieza legislativa presenta muchas fallas, entre las que destacaron que se excluye a los recién nacidos e infantes entre las edades de cero a tres años de vida;  no es necesario para brindar servicios a la población con diversidad funcional y su lenguaje no es inclusivo; perjudica el acceso a la justicia al prohibir la solicitud de reconsideración de las decisiones que toman los jueces administrativos; politiza la designación de jueces administrativos.

Asimismo, denunciaron que con esta medida el remedio provisional se elevaría a rango de ley; se controlaría el trabajo de intercesores que ayudan a los padres y sería costoso y perjudicará la prestación de servicios educativos y relacionados a los estudiantes.

“Las asociaciones portavoces de la población con diversidad funcional nos oponemos rotundamente a que se nos imponga una nueva ley que en vez de aumentar derechos, los quita, es más costosa y no corrige ni penaliza el incumplimiento”, indicó Joyce Dávila, directora de la Alianza de Autismo.

Por su parte, Jinnette Morales, portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, dijo que el secretario asociado de Educación Especial no tiene poder alguno sobre los funcionarios, directores escolares ni sobre los maestros de la corriente regular que impactan al 75 por ciento de la población de educación especial que se encuentra en la corriente regular, quienes frecuentemente se niegan a hacerle los acomodos que los niños con diversidad funcional requieren para recibir un trato equitativo, aunque éstos acomodos estén escritos en su PEI.

“Más aún, el proyecto no penaliza el incumplimiento craso que día a día enfrentamos”, indicó.

Alegaron que para este año fiscal 2019-2020 la agencia no cuenta con el presupuesto necesario, estimado en 550 millones de dólares, para suplir las necesidades de los estudiantes con diversidad funcional. Actualmente el DE hace esfuerzos con la Junta de Control Fiscal (JCF) para que le asignen el presupuesto que le permita operar.

“A nombre de la población de educación especial de Puerto Rico solicitamos que este proyecto no sea aprobado ni reconsiderado en el futuro. Si se quiere mejorar la ley actual, se debe crear un comité de trabajo que tenga representación del Departamento de Educación, el Comité Timón de Padres, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública y otras organizaciones de padres de niños de educación especial, abogados de educación especial y expertos en el área de educación especial, para asegurarnos de que sea la mejor ley de Educación Especial para nuestra población”, dijo Warren.

“No hay que tener prisa, lo importante es hacerlo bien, y en consulta con las organizaciones de padres de niños del programa de educación especial que representamos genuina y desinteresadamente a la población”, agregó.