SAN JUAN  (CyberNews)- Miguel Sosa Rodríguez, arrestado junto a otras 6 personas por las autoridades federales por supuesta corrupción pública, mandó a construir con dinero público una especie de bóveda subterránea, dijo el miércoles la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“Nosotros entendemos que el boquete se hizo para guardar dinero en efectivo”, dijo la fiscal Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Explicó que se utilizó dinero que se obtuvo de la corporación Rosso Group, Inc, la cual obtuvo contratos de aproximadamente 8.7 millones de dólares Los contratos los otorgó el también arrestado exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón Orta Rodríguez . Además de la residencia de Sosa Suárez en Salinas, se utilizó dinero de dicha corporación para hacer trabajos de construcción en la residencia de Orta Rodríguez en Guaynabo.

Expresó que el caso de alguna manera se relaciona con el del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

“¿Por virtud de algunos protagonistas del esquema?”, se le preguntó.

“Si, pero no puedo mencionar nombres, porque hay unas personas que ya están sujetas y no debo entrar en eso”, contestó.

Al preguntarle cómo va entonces la segunda etapa del caso de Hernández Pérez, la fiscal federal contestó que “ciertamente este caso que estamos sometiendo hoy esperamos que ayude en esa investigación”.

Rodríguez Vélez explicó que un gran jurado federal emitió una acusación de 50 cargos a Orta Rodríguez; Edgardo Vélez Morales, exayudante del exsecretario del DRD; el presidente de Rosso Group, Oscar Rodríguez Torres- supuestamente pareja de Sally López- exadministradora de la Administración de Derecho Laboral y convicta por corrupción en el caso del exrecaudador Anaudi Hernández Pérez; el creador de Global Sports Iniciative, Miguel Sosa Suárez, exdirector de Finanzas del Partido Popular Democrático (PPD), para  la campaña de David Bernier;  el presidente de Administrative, Environmental ans Sports Consultant, Irving Riquel Torres Rodríguez y su esposa Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortíz López, presidente de Sports Consultants.

Según el pliego acusatorio, los arrestados supuestamente conspiraron desde el año 2013 al 2016 para obtener fraudulentamente fondos federales, administrados por los Departamentos de Educación y la Administración de Vivienda Pública.

Supuestamente, Orta Rodríguez utilizó su posición como secretario del DRD, para solicitar fondos federales, bajo falsas representaciones en cuanto a la capacidad de su agencia para realizar las actividades. El exfuncionario, contrató entonces a la empresa Rosso para administrar varios proyectos pagados con fondos federales. La corporación Rosso no participaba de subastas para obtener los contratos, que totalizaron 10 millones, 510 mil, 460 dólares.

Los contratos entre la corporación Rosso y el DRD, según la acusación, fueron inflados por 3.9 millones de dólares, que supuestamente fueron divididos entre los imputados del esquema. De acuerdo con las autoridades, Orta Rodríguez obtuvo 799 mil 740 dólares de un proyecto que fue pagado con fondos del Departamento de Educación federal.

En otro de los supuestos esquemas, Orta contrató a la corporación Rosso para realizar un programa de televisión en los complejos de Vivienda Pública. El imputado Sosa Suárez acordó inflar los costos de las facturas para producir un segundo programa de televisión (DRD.TV). Tanto la corporación Rosso, como Sosa Suárez recibieron de la Administración federal de Vivienda Pública (HUD) la cantidad en exceso acordada. En total, Orta pagó en exceso con fondos del HUD un millón, doscientos dieciséis mil seiscientos cincuenta dólares.

Este dinero supuestamente Orta lo utilizó para, entre otras cosas, viajes a Veracruz, México donde se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014  y los Panamericanos en Toronto, Canadá del 2015.

Finalmente, Orta Rodríguez  alquiló una propiedad en Guayama por 14,500 dólares en contrato a 5 años a Juan Carlos Ortiz Nieves, para que el  DRD utilizara las facilidades deportivas. El contrato excedió por 6 mil dólares la propuesta que originalmente se hizo por el arrendamiento. El exceso se le dio en efectivo, tanto a Orta Rodríguez, como a su entonces ayudante, Edgardo Vázquez Morales. En total, Orta Rodríguez recibió 27 mil dólares.

“La práctica de otorgar contratos a personas que no tienen los requisitos ni los méritos ni la capacidad para rendir los servicios se tiene que acabar”, añadió la fiscal federal.

De ser hallados culpables, se exponen hasta 30 años de prisión.