El Senado aprobó hoy establecer la política pública del gobierno sobre el depósito de cenizas de carbón al dar paso al Proyecto del Senado 81. Este decreta la prohibición del deposito o almacenamiento de cenizas o residuos de combustión de carbón por más de 180 días en todas las vías, terrenos, vertederos y cuerpos de agua en la Isla.
Por otra parte, la Cámara Alta dió su consentimiento a varios nombramientos entre los que se destacan el del profesor Walter O. Alomar Jiménez y la licenciada Zoraida Buxó Rodríguez para que sean miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Sobre el nombramiento de Obed I. Rojas Hoffman como Subcontralor Electoral, este fue derrotado a viva voz y de forma unánime. Asimismo, se levantó una de las reglas de procedimiento para que fuera notificado inmediatamente al gobernador Ricardo Roselló.
En torno al Proyecto del Senado 81, el término de 180 días para almacenar las cenizas comenzará a regir una vez la Junta de Calidad Ambiental (JCA) apruebe la reglamentación dispuesta.
El proyecto legislativo de la autoría del vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer y el senador por el Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera, fue aprobado a viva voz por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP). En sus turnos, el senador independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot anunció que votarían en contra de la misma. Esta medida fue aprobada a viva voz queda pendiente la aprobación electrónica.
Larry Seilhamer indicó que aunque el tema de las cenizas ha sido uno técnico y de muchas implicaciones, con la aprobación de esta medida se ha logrado resolver un problema serio. Así, explicó que estas cenizas son residuos que no tienen un uso beneficioso ni comercial, lo cual se trata de los desperdicios de la generatriz Applied Energy System (AES Puerto Rico).
Con la aprobación del Proyecto del Senado 81 se prohíbe almacenar cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico por un periodo mayor de 180 días a partir del momento de producción. Esta prohibición no aplica al almacenamiento controlado en tanques y silos, para la manufactura de cemento, hormigón y/o concreto previo a su uso y cualquier otro uso comercial beneficioso según establecido por las agencias de Gobierno, reguladoras estatales y federales. También, se dispone que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) establecerá por reglamento las circunstancias particulares para el almacenamiento durante el periodo permitido, dispensas y cualquier otro requisito. El cual no se podrá extender por más de un año.
El problema se originó a través de una enmienda, que gestionó la pasada administración, al contrato entre AES Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Seilhamer indicó que “fue claramente para resolverle un problema a AES”, quienes no tenían forma de manejar estos residuos de carbón y esto constituyó un ahorro al no tener que sacarlos fuera de la Isla”, como hacían anteriormente.
No obstante a esto, el Vicepresidente adelantó que la política pública de la administración del gobernador Ricardo Roselló sí dará paso a otros proyectos legislativos que contemplarían los usos beneficiosos y comerciales de las cenizas del carbón con un enfoque sobre el calentamiento global y el desarrollo económico de esta materia prima.
Asimismo, la pieza favorecida prohíbe el depósito y disposición de estas cenizas o residuos de combustión de carbón en todas las vías, terrenos, vertederos, cuerpos de agua y sistemas de relleno sanitario en la Isla. Quienes incurran en violación a las prohibiciones dispuestas incurrirá en delito grave y se le impondrá una multa no menor de $25 mil por cada día que subsista la violación o pena de cárcel por un término de cinco años, según disponga el Tribunal.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud Ambiental, Carlos Rodriguez Mateo agradeció a todas las organizaciones ambientales, personas y comunidades que colaboraron durante las audiencias públicas porque el proyecto fue un conglomerado de todas sus colaboraciones.
Según el informe positivo de la medida, emitido por la Comisión Senatorial, en Puerto Rico se mantenía una prohibición tácita para el depósito de los residuos de combustión de carbón para la producción de energía. Al pasar los años, la AEE, en miras a eliminar la dependencia del petróleo de energía, otorgó un acuerdo de compra de energía y operación con la cogeneradora AES la cual utiliza carbón mineral como combustible para producir electricidad. En dicho acuerdo se estableció por ambas partes que los residuos de combustión de carbón producidos por la operación de las de AES que no fueran utilizados en usos comerciales beneficiosos no serían almacenados por un periodo mayor de 180 días en cualquier lugar de Puerto Rico. En el 2015, la AEE enmendó el Acuerdo de Compra de Energía y Operación para permitir la disposición y almacenamiento de los residuos de combustión de carbón producidos por la operación de AES en Puerto Rico.
Como parte del proceso de evaluación del proyecto senatorial la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales visitó las facilidades de AES Puerto Rico y el vertedero industrial Peñuelas Valley Landfill.
Se confirmaron los siguientes nombramientos
Alexis Quiñones Martínez como miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Puerto Rico (AESS), para un término que se extiende al 7 de septiembre de 2017. Miguel A. Encarnación Correacomo administrador de Servicios Generales.Vivianne P. Asad Pérezcomo miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, en calidad de residente bonafide del sur de Puerto Rico, por el remanente de un término que vence el 19 de diciembre de 2019. Walter O. Alomar Jimenez y Zoraida Buxó Santiago como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Fueron aprobadas a viva voz las siguientes medidas
El Proyecto del Senado 279, crea la Ley para Garantizar Servicios Esenciales a Personas con Deficiencias Auditivas en Puerto Rico a los fines de hacer mandatorio a todas las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno y cualesquiera facilidades de salud del Estado, de corporaciones públicas y/o que sean administradas por particulares con fondos provenientes del erario público, el que cuenten con empleados diestros certificados disponibles en el manejo básico del Lenguaje de Señas; autoriza a la Defensoría de las Personas con Impedimentos a fiscalizar el cumplimiento de esta Ley; derogar la Ley 136- 1996.
El Proyecto del Senado 313, de la autoría de Carmelo Ríos, enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Educación de 1999 para imponer la obligación al Departamento de Educación de incluir en su currículo temas sobre el manejo de las finanzas, en coordinación con el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 383, presentado por Evelyn Vázquez, enmienda el Código Militar de Puerto Rico a los fines de concederle a los cónyuges de los militares que han sido convocados a servir en el exterior una licencia de ocho horas para que puedan realizar todos los trámites y preparativos necesarios de cara a su ausencia.
El Proyecto del Senado 388, de la autoría de Migdalia Padilla, ordena al Departamento de Educación a crear un Programa de Mediación de Conflicto Escolar, con el propósito de prevenir, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
El Proyecto del Senado 454, designa la pista de caminar y el mural que da acceso a la comunidad Junquito del barrio Río Abajo del Municipio de Humacao con el nombre de “Wilfredo Molina Peña”, exime tal designaciones de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.
El Proyecto del Senado 542, de la autoría de Abel Nazario, crea la “Ley para el Desarrollo de la Red Educativa de Puerto Rico” y establece como política pública del Gobierno promover la calidad de la educación en el sistema de educación secundario y post secundario mediante la conexión de nuestras instituciones educativas, bibliotecas y museos a una red de banda ancha de Internet; crea el Comité Ejecutivo de la Red, establece su composición y definir sus funciones, deberes y facultades.
La Resolución Conjunta del Senado 127, de la autoría de Henry Neumann, reasigna al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de $70,837.56, provenientes de los balances disponibles en las siguientes Resoluciones Conjuntas: Inciso 1, Subinciso B, Sección 1 de la Resolución Conjunta 109-2016 la cantidad de $50,000; Inciso (a), Sección 1, la cantidad de $20,000, de la Resolución Conjunta 015-2016; del Subinciso (a) del Inciso (2), Acápite (A) la cantidad de $761.65, procedentes de la Resolución Conjunta 125-2014; de la Sección 1 la cantidad de setenta y cinco dólares con noventa y un centavo de la Resolución Conjunta 32-2013; para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.
La Resolución Conjunta del Senado 130, de la autoría de Henry Neumann, enmienda la Resolución Conjunta 031-2016 originalmente asignados en la Resolución Conjunta 123-2013, a los fines de enmendar el propósito establecido para la institución recipiente de los fondos que allí se asignan.
La Resolución Conjunta del Senado 132, de la autoría de Henry Neumann, reasigna a la Administración de Vivienda Pública (AVP), la cantidad de $186,657.06, provenientes del balance de fondos originalmente asignados en la Sección 1, inciso 20, parte B y inciso 40, parte A, de la Resolución Conjunta 125-2014; para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.
Queda pendiente la discusión del presupuesto 2017-2018 y el proyecto del cannabis medicinal. La sesión continúa.
