La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de la autoría de la representante Tatiana Pérez Ramírez que busca atender la creciente necesidad de vivienda asequible mediante la recuperación y uso social de propiedades embargadas y ejecutadas en los municipios. La medida forma parte de un paquete legislativo radicado por la representante con el fin de fortalecer a los gobiernos municipales y ampliar las oportunidades de vivienda para las familias trabajadoras, jóvenes, adultos mayores y comunidades vulnerables en toda la Isla.

El Proyecto de la Cámara 1122 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para requerir que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) publique semestralmente un inventario digital de todas las propiedades embargadas y ejecutadas, incluyendo su ubicación, estado y municipio, promoviendo así mayor transparencia en la administración de estos activos públicos.

La medida también establece como política pública que toda propiedad embargada y ejecutada, transferida gratuitamente a los municipios deberá destinarse prioritariamente a proyectos de vivienda asequible, social, comunitaria y cooperativa, contribuyendo a rehabilitar zonas abandonadas y a crear nuevos espacios seguros para miles de familias puertorriqueñas. Asimismo, la medida prohíbe expresamente que estas propiedades se utilicen para alquileres a corto plazo o fines especulativos, protegiendo a las comunidades del desplazamiento.

Como parte del anuncio, la representante destacó la importancia de devolver a los municipios herramientas reales para combatir el abandono y atender la crisis de vivienda que enfrenta Puerto Rico.

“Hoy aprobamos una medida de mi autoría, parte del paquete de proyectos que hemos radicado en favor de nuestros municipios y para seguir impulsando la vivienda accesible en Puerto Rico. Queremos que cada propiedad embargada y ejecutada pueda convertirse en nuevas oportunidades para nuestras comunidades y en hogares para las familias que más lo necesitan,” expresó la representante.

La legisladora añadió que esta medida marca un paso significativo hacia una política pública más justa, transparente y centrada en la gente.

La pieza legislativa ahora pasa al Senado para su evaluación y, de ser aprobada, llegará a la Gobernadora para su eventual implementación.