EL CAPITOLIO (CyberNews) – El senador Aníbal José Torres, denunció el jueves, que en torno a lo relacionado a la desaparición o supuesto hurto de vagones con artículos destinados a la población y entidades afectadas por los estragos de los huracanes Irma y María, se le añade la falta de independencia de las firmas designadas por La Fortaleza para realizar una supuesta investigación, cuando una de estas compañías tiene vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP) que cuestionan la independencia de una auditoría objetiva.  

“Lo que implica todo el asunto relacionado con los vagones es muy serio. Lo que está ocurriendo sugiere corrupción, encubrimiento y un claro menosprecio por la importancia que tiene el que se rindan cuentas de la ayuda destinada a obras de beneficencia en tiempos de emergencia o catástrofe, todas necesarias para salvar vida humana. El menosprecio o uso y manejo indebido de cualquier artículo, valor o bien destinado a socorrer a los más necesitados constituye una gran falta a todos los principios de decencia y buena fe, lo que no puede ser permitido”, destacó el senador popular en conferencia de prensa.

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​Explicó que 12 vagones de suministros fueron encontrados en los predios del Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre los cuales se señalaron como responsables de los mismos a FEMA y la Guardia Nacional de Puerto Rico. No obstante, FEMA se desvinculó de los 12 vagones encontrados en la CEE y la Guardia Nacional emitió declaraciones sobre los vagones que llevaron a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a concluir que no investigaría el asunto. Por su parte, el presidente interino de la CEE vinculó a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, como la designada para ser la directora de la operación.

Por otro lado, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, anunció que el Gobierno, a través de su oficina, ordenó a las firmas BDO y Robles & Associates a realizar una auditoría sobre los vagones abandonados. Torres explicó que, aunque el secretario de la Gobernación ha confirmado que las firmas contratadas para la auditoría no representan un gasto adicional al gobierno, es preciso saber y examinar sus contratos y su objetividad al momento de realizar la investigación.

El senador expuso que BDO, firma que también estuvo a cargo del estudio de la reforma educativa y cierre de escuelas, cuenta con 117 contratos en diferentes agencias del gobierno que sobrepasan los 48 millones de dólares.

“Asimismo, Robles & Associates ha estado altamente vinculada a la Comisión Estatal de Elecciones y al PNP. Actualmente, cuenta con un contrato en el Departamento de Hacienda por la cuantía de $3 millones. A esto, el legislador popular le añadió que Diego J. Robles Cordero, presidente de la firma Robles & Associates, ocupó en el pasado importantes posiciones en administraciones del Gobierno del PNP”, dijo el senador.

​Torres destacó que el propuesto auditor “ha sido un importante contratista asesor de la Oficina del Comisionado Electoral del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, casualmente en el mismo lugar donde el PNP, por voto de su Comisionada Electoral Norma Burgos, se ha negado a que se investigue lo que ocurrió en las facilidades de la CEE, no sólo en los vagones, sino en todas las inmediaciones incluyendo las facilidades de almacenaje de la Comisión. Este escándalo comenzó en la CEE, se extendió por todo Puerto Rico y todavía hay preguntas que no han sido contestadas sobre lo sucedido en la CEE”.

Detalló que Robles Cordero fue designado anteriormente por Jorge Dávila Torres (Comisionado Electoral del PNP) como Asesor Financiero en los asuntos del Escrutinio Electrónico. También, el 23 de noviembre de 2015 fue designado por Dávila Torres como Asesor del Comisionado Electoral del PNP. Posteriormente, el 2 de febrero de 2016 le renovaron su contrato. Durante este periodo, Diego Robles obtuvo 4 contratos con el comisionado del PNP.

“En este asunto está el prestigio del Gobierno de Puerto Rico y su mal manejo pone en entredicho la capacidad e imagen de Puerto Rico ante el mundo entero en términos de la capacidad o incapacidad de atender sus crisis”, concluyó el senador.