La Senadora del Partido Nuevo Progresista, Itzamar Peña Ramírez, alertó sobre el dramático impacto que tendrá en los artesanos puertorriqueños la implantación de la una nueva Orden Administrativa del Departamento de Salud, la cual los obliga a pagarle al Estado sobre $600 anuales en nuevas certificaciones.
“La artesanía es una de las expresiones más genuinas de la cultura puertorriqueña. Si definimos la cultura como la proyección de todo lo creado por nuestras ideas y nuestras manos, la artesanía es imprescindiblemente una de la más importante. Ha sido la ardua labor de los maestros artesanales la que ha mantenido vigente estas manifestaciones artísticas de nuestros compatriotas, heredadas a través de las generaciones de antaño legándonos la responsabilidad de perpetuar sus obras. Entendemos que este nueva disposición acertar un duro golpe a estos trabajadores, al punto de facilitar el posible cierre de muchos talleres”, señaló la líder estadista mediante un comunicado de prensa.
Según explicó la Senadora por Acumulación, el pasado febrero, la Secretaria del Departamento de Salud, la Doctora Ana Ríus, firmó la Orden Administrativa #346 para establecer la política pública en torno a la Distribución de Productos Naturales o Suplementos Nutricionales o Suplementos Dietéticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Conforme a esta Orden Administrativa, todo artesano que cuente con un certificado en el renglón de la manufactura de productos naturales, como los que elaboran cremas y jabones, tendrán que solicitar otras certificaciones adicionales en la División de Medicamentos y Farmacias del Departamento de Salud, así como en la Administración de Drogas y Alimentos federal, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés.
“Los nuevos requisitos, como una certificación de la mencionada División, un certificado de calidad del Departamento, certificado de un laboratorio debidamente acreditado y el número de registro en la FDA, son demasiado onerosos para la inmensa mayoría de nuestros artesanos. Estamos hablando que ahora tendrán que pagar $25 por certificado, por producto, unos $500 cada dos años para poder manufacturar productos artesanales, como jabones, otros $100 por un certificado de distribución y $50 para solicitar una inspección del Departamento”, añadió la portavoz de la delegación del PNP en la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.
Ante esta situación, Peña Ramírez suscribió una carta a Milagros Solís Ocasio, Gerente de la División de Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial, solicitándole su intervención en este asunto a favor de los artesanos.
La legisladora adelantó que estará trayendo este asunto ante la Junta de Supervisión Fiscal federal, la cual fue creada por virtud de la ley federal ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’, mejor conocida como “PROMESA”.
“La economía local se encuentra en un momento crítico y nadie siente estos efectos más que el pequeño comerciante, como son los artesanos puertorriqueños. Estos nuevos costos para operar un negocio serán devastadores. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que ser proactivos”, terminó diciendo Peña Ramírez.
