SAN JUAN (CyberNews) – Los datos que la Asociación de Alcaldes recopiló a dos años del paso del Huracán María y las dificultades que en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central, fueron compartidas con la Junta de Control Fiscal (JCF), a petición del ente federal, informó el presidente del grupo municipalista, José ‘Joe’ Román Abreu. 

“Un funcionario enlace de la Junta recibió la información y se comunicó con nosotros para conocer mejor nuestros planteamientos y evaluar cómo se podría atender este asunto tan crítico para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Los funcionarios más cercanos del Congreso y Casa Blanca son la comisionada residente Jenniffer González y la Junta, que están llamados a atender la necesidad que viven los puertorriqueños a raíz del paso del Huracán María”, dijo Román en declaraciones escritas

El también alcalde de San Lorenzo añadió que el pasado lunes, un grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual en dichos pueblos.

Indicó que los alcaldes de Villalba, Guayanilla, Salinas y Yabucoa presentaron el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, cifra que va por los 43 millones 945 mil 141 dólares en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia. En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas.

“De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1 por ciento de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, explicó Román Abreu.

Los alcaldes asociados insistieron que a dos años del paso del Huracán María, Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no ha podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Alegaron que a eso se añade la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central, particularmente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso.