AGP vetaría enmiendas camerales a Ley de Moratoria

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El gobernador Alejandro García Padilla  reaccionó la noche del lunes tras la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto de la Cámara 2864 sobre las enmiendas técnicas a la Ley de Moratoria y adelantó que lo vetaría.

“Nuestra prioridad es mantener la prestación de los servicios esenciales de los puertorriqueños. Además, hemos reiterado la importancia de tener la facultad de declarar una moratoria porque solo así podremos proteger y garantizar esos servicios a nuestros ciudadanos. Eso es lo responsable. La decisión tomada por la Cámara, va contra esas premisas y se hace informados de que una medida como ésa tendría que vetarla”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Las expresiones del mandatario se dieron luego que la Cámara de Representantes aprobara dos proyectos de enmiendas a la “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”, con el propósito de atender disposiciones específicas sobre los depósitos de las instituciones fiduciarias.

La primera medida es el Proyecto de la Cámara 2864 que permite que los municipios puedan retirar los depósitos, excesos de depósitos o depósitos producto de recaudos estatales o municipales que no conformen algún tipo de garantía. También elimina la excepción de los Artículos 3 y 3(a) y el requisito del Artículo 5(a) de la Ley General de Expropiaciones de 12 de marzo de 1903, según enmendada, sobre depositar fondos en el tribunal antes de adquirir título y posesión de la propiedad que se está expropiando. Además, añade que el puesto de director ejecutivo de la nueva autoridad debe ser confirmado por el Senado y no debe haber ocupado puesto alguno, o haber tenido contrato, en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) dentro de un periodo de cinco años previo a ser designado por el gobernador.

La otra medida de enmiendas es el Proyecto de la Cámara 2866 de la representante Sonia Pacheco, el presidente Jaime Perelló Borrás y el representante Rafael “Tatito” Hernández. La medida le da prioridad a la seguridad, solvencia y estabilidad de las instituciones financieras depositarias, lo cual incluye a las cooperativas, protegiendo sus depósitos.

“Con la aprobación de estas medidas, hemos salvado uno de los principales pilares de nuestra Constitución, que es la buena fe y la credibilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De igual forma, las enmiendas propuestas en estos proyectos salvaguardan los instrumentos necesarios para tener acceso a los mercados de capital, después de la reestructuración, dándole una verdadera oportunidad al gobierno en el 2017 para que pueda echar hacia adelante a nuestro país”, expresó Hernández durante la sesión, quien había discutido las enmiendas con la portavoz de la delegación minoritaria, Jenniffer González.

Enfatizó que estas medidas también “responden al compromiso contraído con los ayuntamientos de no penalizarlos, ya que son los que ofrecen servicios directos a la ciudadanía, pese a los momentos difíciles que hemos confrontado”.

Por su parte, González informó que introdujo enmiendas, respaldadas por su delegación, al Proyecto de la Cámara 2864.

Según la legisladora, su delegación le incluyó una disposición para que los depósitos producto del cobro del impuesto de ventas y uso (IVU) municipal, propiedad mueble e inmueble y de cualquier impuesto municipal y los fondos especiales creados con dichos recaudos, fideicomisos, y otros, también sean protegidos como parte de la enmienda que busca proteger los depósitos municipales.

La portavoz añadió como enmienda, eliminar el requisito de obligatoriedad de depositar en el BGF los recaudos producto del cobro del IVU municipal, propiedad mueble e inmueble y de cualquier impuesto municipal así como de cualquier otro fondo especial o fideicomiso creado en beneficio de los municipios. Esto permite que los municipios puedan realizar sus depósitos en la banca privada a su discreción. Nada en esta ley o ley anterior obligará a los municipios a continuar depositando sus fondos en el BGF.

Con las enmiendas, el nombramiento de un síndico debe ser con el consentimiento del Senado y tampoco podrá haber ocupado puesto alguno ni contrato con el BGF dentro de un periodos de cinco años previo a ser designado por el gobernador.

La delegación del PNP respaldará el Proyecto de la Cámara 2866 que protege a las cooperativas de los embates que enfrentarían con la Ley de Moratoria.