A paso lento el reemplazo a vehículos híbridos en el gobierno central

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(San Juan, P.R. – 27 de enero de 2022) – De un inventario de sobre 11,000 unidades en la flota vehicular del gobierno de Puerto Rico, solo 28 de estas han sido reemplazadas por vehículos híbridos con el fin de cumplir con la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Ley 33-2019),según informó hoy la Administración de Servicios Generales (ASG) en una vista pública en la Cámara de Representantes.

Mediante la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, legisladores y legisladoras atendieron este jueves los puntos enumerados en el Artículo 19 de la Ley 33, que declara como política pública la diversificación de suministros de electricidad e infraestructura de tecnología energética con la reducción de fuentes de energía derivadas de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón.

La administradora de ASG, Karla Mercado Rivera, confirmó que, ante el escenario actual, el gobierno no podrá lograr su objetivo de que todos los vehículos adquiridos cumplan con esta disposición para el año fiscal 2027-2028.

“No será realizable mientras no haya un cambio de infraestructura y una inversión significativa por parte del gobierno. Hacer un cambio de impacto total como este no es viable. Las guías de adquisición que tendría que promulgar ASG tienen que venir basadas de un plan que actualmente no tenemos disponible”, aseguró la también principal oficial de compras.  

En su ponencia, Mercado Rivera destacó que el inventario vehicular en el gobierno contiene cerca de 11,656 unidades asignadas a 76 agencias. De estos vehículos, 9,508 son unidades activas. Es el Negociado de la Policía la entidad con mayor concentración con un 54% de la flota.

Según la funcionaria, el costo económico de reemplazar la totalidad de la flota por vehículos híbridos o de algún mecanismo de energía renovable se estima en $400 millones durante los próximos seis años. Mientras, el valor de sustitución promedio, por unidad, es de $42,000. 

De las 28 unidades híbridas activas en el gobierno, 24 de modelo Toyota Sienna fueron adquiridas para la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden) y cuatro de modelo Toyota RAV4 para la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI). 

Mercado Rivera reconoció que ha mantenido comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre las asignaciones necesarias durante el proceso de transición que requiere la ley, pero enfatizó la importancia de que otras agencias formen parte de la ejecución del estatuto. Entre ellas, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). 

Asimismo, reclamó la participación “indispensable” de miembros de la industria de vehículos, pues señaló que son los responsables de la disponibilidad de estas unidades. En el 2021, solo un 10% de automóviles híbridos fueron adquiridos en el mercado en Puerto Rico, dijo Mercado Rivera.

“El problema sigue siendo el mismo: no hay. Adicional a que no hay, hay tres puntos que han sido consistentes: la falta de infraestructura, el servicio y el mantenimiento. Esas tres cosas tienen que estar para que ellos puedan decir: ‘Mira, nos podemos comprometer y traer 50 vehículos para poder sustituir esta parte’”, argumentó la administradora, al tiempo que señaló que en Puerto Rico solo existe una estación privada para la recarga de vehículos híbridos, ubicada en San Patricio Plaza. 

Mercado Rivera destacó, por otra parte, que luego de una subasta, la empresa Total Petroleum continúa como contratista de combustible del gobierno. La funcionaria detalló que el gasto anual de gasolina en el gobierno asciende entre $30 a $40 millones. 

“¿Por qué se siguen comprando vehículos grandes, cuando los vehículos pequeños nos ahorran gasolina y no tenemos contaminantes mayores al ambiente?”, cuestionó el representante Edgardo Feliciano Sánchez, quien dirigió los trabajos como presidente de la Comisión de Recursos Naturales. 

“Totalmente de acuerdo… Nosotros, hasta cierta medida, entramos, nos sentamos con la agencia y le decimos: ‘Si todos los vehículos que solicitas van a hacer para impacto directo operacional, porque si son administrativos, eso no se necesita’. Pero eso es algo que se da directamente en conversaciones con la agencia y al final del día es la agencia quien establece su decisión”, afirmó Mercado Rivera. 

Plan de mitigación estará listo en 2023 

El Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático de Puerto Rico (CEACC) notificó a la comisión que el plan de mitigación que deberá ser aprobado por la Legislatura y posteriormente firmado por el gobernador Pedro Pierluisi estará listo para el verano de 2023.  

Este plan detallará los cursos de acción del gobierno para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la costa. A mediados de enero, el primer ejecutivo aceptó 87 de los 103 cursos de acción identificados por el grupo asesor. 

“Nosotros nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo realizado. Hemos querido hacer más, pero la burocracia institucional nos ha atado un poco. El plan ya está encaminado y es uno que debe generarse mediante vistas públicas con la integración de todas las comunidades y sectores’’, expuso el profesor y climatólogo Rafael Méndez Tejeda, quien integra el comité. 

Los principales retos para el cumplimiento de la Ley 33, según detallaron los científicos, son las trabas en procesos administrativos con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); limitaciones en el presupuesto; y el periodo de tiempo corto – de un año – que establece la legislación para completar el plan. 

“El gobierno está tomando una mirada mucho más seria respecto al tema del cambio climático, pero todavía falta la integración de muchos sectores importantes. Estamos a tiempo, pero es urgente. Las manifestaciones de cambio climático están ya con nosotros y tenemos que movernos mucho más rápido’’, indicó la oceanógrafa, profesora y miembro del grupo, Maritza Barreto Ortiz. 

Por su parte, Feliciano Sánchez adelantó que citará al Departamento de Educación (DE) para una próxima vista pública. El representante popular resaltó que las audiencias se realizan con el propósito de investigar y evaluar todo lo concerniente a las propuestas incluidas en la Ley 33. Además, busca dar “seguimiento periódico” a los trabajos para la consecución del plan de mitigación. 

“Lo que estamos buscando es ver cómo nosotros en esta Comisión podemos ayudar a las agencias para lograr el deber de cumplimiento con la legislación. Si las agencias no cumplen con los parámetros, se le deben adjudicar multas tal como establece la ley. No podemos permitir que esta medida se convierta en una letra muerta’’, expresó el Legislador. 

 

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