La ex gobernadora Sila María Calderón, en compañía de su entonces secretario de Hacienda, Juan Antonio Flores Galarza, revivieron el viernes los detalles de la transacción con la compañía Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO) ante señalamientos constantes de que bajo su administración se le condonó a la compañía una deuda contributiva en el año 2003.
“En primer lugar puedo aseverar, sin lugar a dudas, que absolutamente ninguna persona trató de influir sobre el tema contributivo de Caribbean Petroleum en conversaciones conmigo. No me parece que nadie que me conozca se hubiera atrevido a hacerlo mientras ejercí mis funciones públicas”, dijo Calderón, quien abundó que su ex esposo Ramón Cantero Frau nunca tuvo conversación alguna a favor del aspecto contributivo de la empresa petrolera.
Además, negó alguna relación personal o profesional con el director gerencial de la compañía, Ram Zeevi.
Por su parte, el ex secretario de Hacienda indicó que cuando comenzó funciones en el gobierno en enero de 2001 le tocó darle seguimiento a un plan de pago que había hecho la administración Rosselló con CAPECO en 1999.
Explicó que dicho compromiso fue enmendado en tres ocasiones previas, debido al incumplimiento del mismo. Sin embargo, la administración Rosselló no incluía los recargos y penalidades que establece la ley. Para recobrar la deuda el Departamento de Hacienda realizó una auditoría contributiva en mayo de 2001. En junio de ese año se le revocó el privilegio de ser afianzado, que quiere decir que la empresa tenía que pagar los arbitrios correspondientes al entrar sus productos al País. También se le embargaron sus propiedades y sus cuentas bancarias entre julio y agosto, así como la confiscación de su fianza en el mes de octubre.
Flores Galarza expresó que en diciembre CAPECO se acogió a la Ley de Quiebras, dejando un balance a cobrar de $22 millones. Ante dicho escenario, en mayo de 2002 Hacienda presentó a la Corte de Quiebras un estimado de deuda de $191 millones que incluían deudas potenciales estimadas en $116 millones, más los recargos y penalidades no consideradas previamente.
El asunto culminó con otro plan de pago de $32 millones. Según el ex funcionario, la empresa se mantuvo en cumplimiento del pago durante la administración Calderón.
La ex gobernadora, quien comúnmente no habla sobre asuntos políticos, expresó que decidió hacer una excepción con este asunto afirmando que las críticas a su administración están viciadas políticamente. Sin embargo, limitó la conferencia de prensa a cuatro preguntas aludiendo que el tema fue abordado por su administración el año 2003.