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Pierluisi anuncia extensión en el plazo para presentar propuestas al Task Force congresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico

pedro pierluisi

WASHINGTON, DC (CyberNews) – El comisionado residente, Pedro Pierluisi, anunció el martes, que el Grupo de Trabajo Congresional sobre el Desarrollo Económico de Puerto Rico acordó extender el plazo para presentar propuestas hasta el 14 de octubre de este año.

Pierluisi dijo estar complacido con la respuesta obtenida a la solicitud de propuestas y recomendaciones aportaciones de interesados ​​sobre medidas e iniciativas que el Gobierno federal puede tomar para reactivar la economía de la Isla.

“Los miembros del Grupo de Trabajo le damos la bienvenida a la respuesta obtenida a la solicitud de propuestas para identificar las reformas necesarias para el desarrollo de la economía de Puerto Rico”, dijo Pierluisi en un parte de prensa.

Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo, que se encarga de hacer las recomendaciones que promuevan el crecimiento económico en Puerto Rico, ha recibido más de 300 comunicaciones de interesados.  En respuesta, el Grupo de Trabajo emitió la siguiente declaración:

“Apreciamos enormemente el tiempo que muchos han invertido en comunicarnos sus ideas sobre la manera de mejorar la economía de Puerto Rico para beneficio de sus residentes.  Estamos extendiendo el plazo con la meta de ampliar la red lo más posible, trabajar con las partes interesadas y asistirles en presentar sus propuestas.  Al mismo tiempo, instamos a las partes interesadas a presentar sus recomendaciones tan pronto sea posible”, dijeron los miembros del Grupo de Trabajo en un comunicado conjunto.  ”Esperamos examinar con interés las respuestas a medida que trabajamos para producir nuestro informe final al Congreso a finales de este año”.

La Sección 409 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como PROMESA por sus siglas en inglés, establece un grupo congresional bipartita y bicameral, cuyo propósito, entre otros, es estudiar la forma en que el Gobierno federal puede ayudar a promover el crecimiento económico en Puerto Rico.  El Grupo de Trabajo deberá producir su informe final antes del 31 de diciembre, en el que identificará los impedimentos para el desarrollo económico e identificará maneras de promover el crecimiento económico y estabilidad a largo plazo; estimular la creación de nuevos empleos; reducir la pobreza infantil; y atraer inversiones al territorio.

El Grupo de Trabajo está compuesto por el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, los senadores Orrin Hatch (Utah), Marco Rubio (Florida), Bob Menéndez (New Jersey) y Bill Nelson (Florida), y los congresistas Sean Duffy (Wisconsin), Tom MacArthur (New Jersey) y Nydia Velázquez (New York).

Pierluisi advierte no tolerará junta punitiva

Pierluisi

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tomó el miércoles un turno en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal en el que estableció los parámetros que debe contener el proyecto de ley que apruebe el Congreso, mientras advirtió que aunque podría aceptar una junta de supervisión, no tolerará una junta punitiva que constituya un juicio moral sobre Puerto Rico.

“Una junta balanceada obtendría la aceptación del liderato gubernamental, empresarial y laboral de Puerto Rico, y puede servir de puente hacia un mejor futuro. Sin embargo, una junta punitiva que no respete a mis constituyentes y pisotee el principio de los derechos de los estados, me convertirá rápidamente, de un aliado, a un adversario”, afirmó Pierluisi en un comunicado.

En su mensaje, el comisionado residente argumentó que debido a que la crisis en Puerto Rico tiene múltiples dimensiones, la legislación que finalmente apruebe el Congreso debe atenderlos, por lo que tiene que estar basada en tres elementos.  En esencia, Pierluisi sostuvo que el proyecto de ley debe facultar a Puerto Rico para reestructurar parte de su deuda, debe atender las desigualdades bajo programas federales claves y asistencia temporera para atender la mala administración fiscal.

Según el funcionario, finales de este mes, el Congreso celebrará su octava vista pública sobre Puerto Rico. Bajo la dirección del presidente Ryan, el Comité de Recursos Naturales liderará un esfuerzo para crear legislación para el territorio. Ya hay un récord suficiente sobre el cual basar acción legislativa.

“El récord demuestra que en Puerto Rico no hay solo una crisis, pero una serie de crisis interrelacionadas. Es una crisis económica, una crisis fiscal, una crisis de liquidez, una crisis de deuda, una crisis de emigración y una crisis de administración pública. Si visualizamos a Puerto Rico como un árbol y a cada crisis como una rama débil, la raíz de ese árbol es el estatus desigual e indigno de Puerto Rico. Si bien el objetivo inmediato es reparar las ramas del árbol, en última instancia tendremos que atacar el problema de raíz, y eso significa que Puerto Rico debe convertirse en un estado o una nación soberana”, dijo al insistir que el asunto del estatus es de vital importancia.

En su mensaje, Pierluisi afirmó que el gobierno de Puerto Rico tiene un récord de mala administración fiscal. Sostuvo que este es un hecho doloroso, pero es un hecho que hay que afrontar, tomar la determinación de mejorar y aceptar algún tipo de asistencia temporera. Esa asistencia temporera puede ser una junta de supervisión independiente que apruebe el plan financiero y los presupuestos anuales del gobierno de Puerto Rico, y ayude a garantizar que se cumplan.

“Pero el pasado no tiene que ser igual que el futuro. No hay razón alguna por la cual los futuros líderes de Puerto Rico no puedan adoptar una disciplina fiscal -a diferencia de austeridad- y rápidamente eliminar la necesidad de la junta de supervisión. Y el Congreso debe ser cuidadoso al pasar juicio moral sobre Puerto Rico, ya que el gobierno federal tiene una deuda de 14 trillones de dólares, que es el 75 por ciento del Producto Doméstico Bruto (GDP, por sus siglas en inglés).  Somos responsables de nuestras acciones, pero el Congreso es responsable de sus acciones -y sus inacciones- también”, expresó Pierluisi.

Pierluisi exige Bono de Navidad para servidores públicos

Pierluisi

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y también comisionado residente, Pedro Pierluisi, exigió el lunes al gobierno de Alejandro García Padilla que le haga justicia a los empleados del gobierno honrando el pago del bono de Navidad que exige la ley.

“Los servidores públicos han sido llamados a hacer múltiples sacrificios ante la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las disposiciones de la Ley 66 y las reducciones a sus beneficios de retiro.  Ellos son un componente esencial para que el aparato gubernamental funcione de manera efectiva, por lo que es necesario que se les honre el pago del bono que les confiere la ley”, afirmó el presidente de la Palma en un parte de prensa.

El funcionario indicó que la pasada semana, La Fortaleza anunció que el gobierno no pagaría el bono de Navidad el viernes 4 de diciembre, como estaba estipulado, ya que al momento no tenían el dinero para hacer el pago y que podrían hacerlo hasta el 20 de este mes. El anuncio fue hecho a los empleados públicos a través de una carta circular del Departamento de Hacienda.

Pierluisi, quien también previamente ha hecho un llamado similar al Departamento de Hacienda para que cumpla con el pago de reintegros a los miles de contribuyentes puertorriqueños, explicó que el impacto de no pagar el bono de Navidad tendría serias repercusiones en los comercios locales durante el mes de diciembre.

“Hay que resaltar que típicamente nuestros servidores públicos utilizan ese dinero para hacer sus compras navideñas y costear los gastos característicos de esta época en la que nuestra gente comparte en reuniones y actividades familiares. Ese dinero corre por nuestra economía ayudando al sector comercial a emplear a cientos de miles de buenos puertorriqueños”, declaró Pierluisi.

Concluyó que “la administración actual ha sido deficiente en estimar los recaudos, aún con las decenas de impuestos aprobados y el aumento en el IVU. Además, han sido inefectivos a la hora de manejar sus finanzas y de presupuestar adecuadamente para cumplir con las obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Es hora de que pongan la casa en orden y dejen de meterle la mano en el bolsillo a los servidores públicos que a diario laboran por Puerto Rico a pesar de los inmensos retos que enfrentan en sus lugares de trabajo”.

Pierluisi presenta proyecto de ley que brinda igualdad de trato a la tercera edad en la Isla bajo la Parte D de Medicare

Pierluisi

El comisionado residente, Pedro Pierluisi presentó el jueves, un proyecto de ley en el Senado federal junto al senador Bill Nelson de Florida para brindar igualdad de trato a la tercera edad en Puerto Rico y ponerle fin al discrimen que enfrenta la Isla bajo la aplicación de la Parte D de Medicare a beneficiarios elegibles.

“El propósito de esta legislación es poner fin al discrimen que enfrentan Puerto Rico y los demás territorios en la aplicación de la Parte D de Medicare desde que comenzó el programa en el 2006.   Ese trato desigual afecta la capacidad de nuestras personas mayores para pagar los medicamentos con receta y priva a nuestro sistema de salud de fondos muy necesarios”, afirmó Pierluisi en un comunicado de prensa.

La medida busca extender el programa de subsidio de bajos ingresos a beneficiarios elegibles en Puerto Rico y otros cuatro territorios de Estados Unidos. De aprobarse la misma, se estima que podría beneficiar cerca de 438,000 personas en Puerto Rico, 60 por ciento del total de 730,000 beneficiarios de Medicare en la Isla.

El senador Nelson es miembro del Comité de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre todos los programas de salud federales, incluyendo Medicare.  El proyecto de ley es coauspiciado por el senador Chuck Schumer, de Nueva York, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y el senador Richard Blumenthal de Connecticut.

“Agradezco al senador Bill Nelson por radicar el proyecto de ley en el Senado federal.  Puerto Rico carece de representación en ese cuerpo y el senador Nelson se ha convertido en un defensor de trato igual para el territorio bajo programas federales de salud y otros.  Como resultado de la migración masiva desde Puerto Rico a los estados, el número de residentes de la Florida nacidos en Puerto Rico o de ascendencia puertorriqueña se ha duplicado desde el año 2000, de menos de 500,000 a más de un millón”, sostuvo Pierluisi.

De igual forma, el comisionado añadió que “en Puerto Rico, los ciudadanos americanos no pueden votar por sus líderes nacionales y son tratados de forma profundamente desigual por el gobierno federal.  Sin embargo, si se mudan a la Florida o en cualquier otro estado, tienen derecho inmediato a votar por el presidente y los miembros del Congreso, y se garantiza la igualdad de trato en virtud de todos los programas federales”.

Hay más de 730,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico.  Alrededor del 70 por ciento está inscrito en un plan Medicare Advantage, mientras que el 30 por ciento restante está inscrito en el Medicare tradicional de pago por servicio.

Mientras que la Parte A de Medicare cubre los servicios de hospitalización y la Parte B cubre los servicios médicos y otros tipos de cuido ambulatorio, la Parte D cubre los medicamentos recetados. La Parte D es voluntaria, por lo que requiere una prima mensual.  Si un beneficiario está inscrito en el Medicare tradicional, puede comprar cobertura de la Parte D independiente a través de un plan de medicamentos privado.  Si el beneficiario está inscrito en un plan Medicare Advantage, el beneficiario paga una prima mensual de la Parte D a ese plan.

En los 50 estados, los beneficiarios de Medicare con un ingreso anual por debajo del 150 por ciento del nivel federal de pobreza son elegibles para recibir un subsidio de bajos ingresos del gobierno federal, lo que reduce o elimina la prima mensual y otros gastos directos de su bolsillo asociados con la Parte D.  El subsidio es pagado directamente por el gobierno federal para el plan del beneficiario, ya sea un plan de medicamentos independiente o un plan Medicare Advantage.  Alrededor de dos tercios del gasto federal en la Parte D se utiliza para subsidios de bajos ingresos.

“Por el contrario, los beneficiarios en Puerto Rico y los demás territorios no son elegibles para el subsidio de bajos ingresos, un forma flagrante de discriminación.  En su lugar, el gobierno federal ofrece al gobierno a Puerto Rico con una ‘asignación mayor’ para complementar tope anual de Medicaid del territorio, conocida como EAP.  Bajo la fórmula de EAP, Puerto Rico recibe cerca de $40 millones al año, una cantidad escandalosamente insuficiente.  Además, para poder utilizar esos fondos, el gobierno de Puerto Rico tiene que parear  el 45 por ciento, igual que en todos los demás fondos federales de Medicaid.  En cada uno de los últimos tres años, el gobierno de Puerto Rico utilizó menos de la mitad de los fondos EAP disponibles, a pesar de que existe gran necesidad de asistencia de medicamentos recetados en la isla”, expresó Pierluisi.

“En resumen, además de sufrir un grave déficit de fondos federales al recibir una llamada ‘asignación mayor’ en vez del subsidio de bajos ingresos que reciben los estados, no puede incluso utilizar la mayor parte de los limitados fondos a los que es elegible debido a la exigencia de pareo local”, añadió.

En enero de 2014, el Comisionado Residente radicó en la Cámara el proyecto, conocido como “Ley para la Igualdad en la Asistencia de Medicamentos con Receta bajo Medicare en los Territorios” (Territories Medicare Prescription Drug Assistance Equity Act).

“Los proyectos de ley prácticamente idénticos que el senador Nelson y yo presentamos lograrían tres cosas en Puerto Rico.  En primer lugar, ayudarían a los beneficiarios de Medicare que ganan hasta el 150 por ciento del nivel de pobreza federal a poder comprar los medicamentos recetados que mejoren su salud y, en algunos casos, hasta salvar su vida.  Segundo, reducirían la carga financiera de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico, lo que les permitiría utilizar los ahorros para mejorar los servicios y reducir los costos para los beneficiarios. Por último, la legislación ahorraría decenas de millones de dólares al año al gobierno de Puerto Rico en el pareo de los costos que debe pagar para retirar los limitados fondos de EAP.  Este alivio es particularmente importante a la luz de los desafíos fiscales que enfrenta el gobierno del territorio”, reiteró Pierluisi.

A base de las estadísticas de la Oficina del Censo, se puede estimar que, si el subsidio de bajos ingresos se extiende a Puerto Rico, cerca del 60 por ciento de los 730,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico podría ser elegible para recibir asistencia federal para la compra de medicamentos recetados.  Un estimado del importe total de la ayuda federal a Puerto Rico a través del subsidio de bajos ingresos es de unos 300 millones de dólares al año, que es aproximadamente 7.5 veces la cantidad de fondos federales para los que Puerto Rico es actualmente elegible bajo EAP.

Denuncia Pierluisi “impacto negativo de última movida fiscal de la presente administración”

Pierluisi

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, lamentó el miércoles, “el gran impacto negativo que tiene la última movida fiscal de la presente administración en la credibilidad y confiabilidad de Puerto Rico en los mercados financieros”.

“Otra vez la administración del gobernador García Padilla afecta severamente la credibilidad y confiabilidad de Puerto Rico como un destino de inversión. ¿Por qué dejar en suspenso a nuestro pueblo, a los inversionistas, al Congreso y a la Casa Blanca por las pasadas semanas en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones en los mercados financieros? No pueden decir que no sabían si iban pagar, porque simplemente esa decisión no se toma de la noche a la mañana. Tampoco pueden pretender que creamos que la Orden Ejecutiva firmada ayer se redactó horas antes. Sencillamente, eso no funciona así”, acotó Pierluisi en un comunicado de prensa.

“Me parece bien que hayan optado por cumplir con las obligaciones contractuales del Banco Gubernamental de Fomento. Sin embargo, la activación de la cláusula de clawback en las emisiones de bonos de la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el Distrito del Centro de Convenciones, entre otras, coloca a estas entidades en posiciones muy delicadas ante sus acreedores y presagia un futuro lleno de impagos y litigios de cobro contra éstas. En otras palabras, al quitarle recursos a esas corporaciones públicas, el gobierno central sigue en la vía del impago , con la inestabilidad e inseguridad que eso conlleva. Para que Puerto Rico vuelva a crecer lo primero que tenemos que hacer es estabilizar, en vez de desestabilizar aún más, las finanzas de nuestro gobierno”, añadió.

Pierluisi, además, cuestionó las cifras reales de recaudos y gastos de la administración del Partido Popular.

“Esta administración estuvo celebrando con bombos y platillos los niveles de recaudos de Hacienda hasta septiembre, pero ahora vienen con el cuento de que no tienen efectivo. ¿Dónde está el 4.5% adicional que nos impusieron con el IVU agrandado? ¿Dónde está el dinero de la Crudita 1 y 2? ¿Dónde están los ingresos de los 90 impuestos que han legislado? Uno de dos: o admiten que no se materializaron los recaudos esperados o reconocen que nuevamente se excedieron en sus gastos”, subrayó el comisionado residente.

“La falta de credibilidad, efectividad y de transparencia de esta administración es inaudita e inaceptable”, finalizó el presidente de la Palma.

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