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Molesta Ada Conde porque juez federal usó matrimonio igualitario para politiquear

homofobia

La activista gay Ada Conde, se expresó molesta el miércoles y dijo que el juez federal Juan Pérez Giménez usó el matrimonio igualitario para “politiquear” al determinar que el dictamen del Tribunal Supremo federal que permite el matrimonio entre homosexuales no aplica en la isla por ser un territorio.

“(Los matrimonios gays) están en un limbo jurídico porque básicamente te acaban de decir que tu matrimonio no vale. Es triste ver como se está haciendo politiquería en Puerto Rico. Ahora venir sacar que si porque somos territorios o como le quieran llamar y decir que no aplican los derechos fundamentales… Perdóname. Eso ya se pasó de la raya. Yo creo que el puertorriqueño tiene que demostrar su dignidad. Tenemos que pararlo porque cuando no es una cosa, es la otra por querernos poner de rodillas y eso sí que no lo vamos a permitir”, dijo Conde en entrevista radial (WKAQ).

Según trascendió, en su decisión sobre el caso entablado inicialmente por Conde, Pérez Giménez señala que la enmienda y cláusula constitucional que utilizó el Máximo Foro federal para aprobar los matrimonios homosexuales no está incorporada a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Así las cosas, habría que legislar para enmendar el Código Civil en la isla.

Conde adelantó que “vamos a apelar al Tribunal de Boston para que sea revocado este juez que por miles de veces Boston siempre lo revoca”.

Mientras tanto, el cantante boricua Ricky Martin expresó su reacción en sus redes sociales. “La decisión del Juez Pérez Giménez es incongruente con principios constitucionales de igualdad. La igualdad matrimonial es ley en EEUU y PR”, dijo en su cuenta de Twitter ‏@ricky_martin.

Por su parte, el activista Pedro Julio Serrano emplazó a la Legislatura para que instrumente la igualdad matrimonial y otros derechos de la comunidad gay (LGBTT) a través de la revisión del Código Civil.

“Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT”, aseveró Serrano en un comunicado.

De otra parte, el coordinador del Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA) del Proyecto Matria, José Rodríguez Irizarry, tildó la decisión de indignante. “Es una decisión nefasta tanto legal como socialmente. En términos legales, cientos de parejas que podían contraer matrimonio próximamente quedarían desprovistas de un sinnúmero de derechos federales y estatales, como la adopción, la sociedad de bienes gananciales y las visitas familiares en hospitales”, sostuvo Rodríguez Irizarry en declaraciones escritas en las que también emplazó el gobierno para que apruebe las medidas para incluir el matrimonio para parejas del mismo sexo en el Código Civil.

Otro de los que reaccionó fue el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. “La determinación que emite el Tribunal Federal en Puerto Rico constituye una de las ironías más grandes en tiempos recientes. Me parece insólito que el propio Tribunal Federal en la isla ignore que en Puerto Rico aplican los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. Recientemente, al interpretar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció: “lo que piden es igual dignidad ante los ojos de la ley. La Constitución les garantiza ese derecho” Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ____ (2015)”, indicó en una declaración escrita.

Entretanto, el senador Ramón Luis Nieves sostuvo que “con los derechos civiles de la gente no se politiquea, ni se juega al status político desde el tribunal. Vergüenza ajena provoca la decisión del Tribunal Federal sobre el caso de Ada Conde en torno al matrimonio igualitario”.

“La intención clara del tribunal federal es trastocar los derechos civiles de las personas LGBTT en aras de adelantar su agenda ideológica de status. Desde hace años, el tribunal federal ha decidido, por ejemplo, que Puerto Rico es un territorio incorporado de Estados Unidos, conclusión que es contraria a la doctrina constitucional vigente. En este caso, deciden por su cuenta y contrario a la jurisprudencia, que como Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, no le aplica el derecho fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos ante un dictamen peregrino e ignorante de la norma constitucional que ya dictaminó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Obergefell”, añadió.

Pierluisi advierte no tolerará junta punitiva

Pierluisi

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tomó el miércoles un turno en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes federal en el que estableció los parámetros que debe contener el proyecto de ley que apruebe el Congreso, mientras advirtió que aunque podría aceptar una junta de supervisión, no tolerará una junta punitiva que constituya un juicio moral sobre Puerto Rico.

“Una junta balanceada obtendría la aceptación del liderato gubernamental, empresarial y laboral de Puerto Rico, y puede servir de puente hacia un mejor futuro. Sin embargo, una junta punitiva que no respete a mis constituyentes y pisotee el principio de los derechos de los estados, me convertirá rápidamente, de un aliado, a un adversario”, afirmó Pierluisi en un comunicado.

En su mensaje, el comisionado residente argumentó que debido a que la crisis en Puerto Rico tiene múltiples dimensiones, la legislación que finalmente apruebe el Congreso debe atenderlos, por lo que tiene que estar basada en tres elementos.  En esencia, Pierluisi sostuvo que el proyecto de ley debe facultar a Puerto Rico para reestructurar parte de su deuda, debe atender las desigualdades bajo programas federales claves y asistencia temporera para atender la mala administración fiscal.

Según el funcionario, finales de este mes, el Congreso celebrará su octava vista pública sobre Puerto Rico. Bajo la dirección del presidente Ryan, el Comité de Recursos Naturales liderará un esfuerzo para crear legislación para el territorio. Ya hay un récord suficiente sobre el cual basar acción legislativa.

“El récord demuestra que en Puerto Rico no hay solo una crisis, pero una serie de crisis interrelacionadas. Es una crisis económica, una crisis fiscal, una crisis de liquidez, una crisis de deuda, una crisis de emigración y una crisis de administración pública. Si visualizamos a Puerto Rico como un árbol y a cada crisis como una rama débil, la raíz de ese árbol es el estatus desigual e indigno de Puerto Rico. Si bien el objetivo inmediato es reparar las ramas del árbol, en última instancia tendremos que atacar el problema de raíz, y eso significa que Puerto Rico debe convertirse en un estado o una nación soberana”, dijo al insistir que el asunto del estatus es de vital importancia.

En su mensaje, Pierluisi afirmó que el gobierno de Puerto Rico tiene un récord de mala administración fiscal. Sostuvo que este es un hecho doloroso, pero es un hecho que hay que afrontar, tomar la determinación de mejorar y aceptar algún tipo de asistencia temporera. Esa asistencia temporera puede ser una junta de supervisión independiente que apruebe el plan financiero y los presupuestos anuales del gobierno de Puerto Rico, y ayude a garantizar que se cumplan.

“Pero el pasado no tiene que ser igual que el futuro. No hay razón alguna por la cual los futuros líderes de Puerto Rico no puedan adoptar una disciplina fiscal -a diferencia de austeridad- y rápidamente eliminar la necesidad de la junta de supervisión. Y el Congreso debe ser cuidadoso al pasar juicio moral sobre Puerto Rico, ya que el gobierno federal tiene una deuda de 14 trillones de dólares, que es el 75 por ciento del Producto Doméstico Bruto (GDP, por sus siglas en inglés).  Somos responsables de nuestras acciones, pero el Congreso es responsable de sus acciones -y sus inacciones- también”, expresó Pierluisi.

Departamento de Justicia anuncia que irán al Supremo de EEUU por “Quiebra Criolla”

Cesar Miranda

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció el jueves que el Gobierno de Puerto Rico recurrirá al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de la Ley 71 de 2014, conocida como la Ley de Quiebra Criolla.

 

“Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico.  Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Por tratarse de un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislación en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones públicas”, explicó el titular del Departamento de Justicia en comunicado de prensa.

Según Miranda, la decisión es producto de un análisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

Miranda opinó además que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.

El pasado lunes el Tribunal de Apelaciones determinó que la llamada Quiebra Criolla era inconstitucional y dejaba en manos del Congreso de Estados Unidos permitir o no que Puerto Rico se pueda acoger al Capítulo 9 de Quiebra federal, lo cual podía hacer hasta el 1984 cuando el Congreso enmendó el estatuto y como consecuencia Puerto Rico quedó excluido.

Pierluisi confirma Gobierno Federal reitera recortes al Medicare Advantage en Puerto Rico

Medicare

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunció el lunes que los Centros para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) se reiteraron en su determinación de cortar el 11 por ciento de los fondos que recibe Puerto Rico de Medicare Advantage.

 

 

Según el comunicado de prensa, el funcionario de Medicare de más alto rango en CMS, Sean Cavanaugh se comunicó con Pierluisi y le informó “que la información provista por los actuarios de los planes Medicare Advantage como base para el ajuste solicitado no contenía toda la data de los costos de cubrir a los beneficiarios que cualifican tanto para Medicaid como para Medicare.  Como resultado, CMS encontró que, contrario a lo expuesto por los planes Advantage, el costo de un paciente de Medicare regular es mayor que el costo de un paciente de elegibilidad dual.  Es por esto que decidieron que no se justificaba el ajuste en las tasas de pago”.

“Le expresé al Director de CMS mi preocupación con la crisis de salud que enfrenta Puerto Rico debido a la multitud de inequidades que afectan a los beneficiarios de los programas de Medicare y Medicaid en la Isla producto del estatus territorial.  Cavanaugh reconoció estas inequidades y expresó que CMS comparte mi preocupación, por lo que se comprometió a trabajar conmigo para encontrar soluciones a corto y largo plazo.  Conocen de la legislación que he sometido delineando esas soluciones y cuento con que lucharán junto a mí para que se convierta en ley,” aseveró Pierluisi.

El comisionado residente recibió además una carta oficial de CMS firmada por administrador interino, Andrew Slavitt, explicando la decisión de la agencia.  En la carta, Slavitt le informa a Pierluisi que “están al tanto de la legislación que presentó, la Ley para Mejorar el Trato a los Territorios estadounidenses bajo los Programas Federales de Salud de 2015, que busca atender muchos de los retos que enfrenta el territorio y su sistema de salud.  La Secretaria Burwell y yo estamos comprometidos a envolvernos en estos asuntos y, para esos fines, la Secretaria está creando un grupo de trabajo en el Departamento de Salud federal para que sirva como un mecanismo coordinado de atención y respuesta por parte del Departamento sobre los múltiples asuntos que enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico.”

Se indicó que la misiva de Slavitt explica todo el análisis empírico que hizo la agencia sobre los pagos a planes Medicare Advantage.  Asimismo, reconoce la importancia de que el programa de Medicare Advantage en Puerto Rico tenga salud fiscal a largo plazo, ya que representa el acceso a servicios de salud a los beneficiarios de Medicare de bajos ingresos.  El Departamento se comprometió a “completar dos proyectos de análisis que pueden afectar los planes Advantage en el 2017, y a iniciar una revisión sistemática de los asuntos que enfrenta Puerto Rico por medio de un grupo especial de trabajo de todo el Departamento de Salud federal”.

“Cientos de miles de beneficiarios de Medicare en la Isla reciben sus servicios a través de planes Advantage por lo que es esencial que tengan una compensación justa para poder garantizar los pagos a proveedores de salud y el servicio a nuestros ciudadanos de la tercera edad.  Por mi parte, continuaré luchando para que todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan acceso a servicios de salud adecuados y para que sean tratados justamente en todos los programas federales de salud,” afirmó Pierluisi.

Previo a conocerse de la determinación, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás dijo que el Gobierno de Puerto Rico estaría dispuesto a recurrir a los Tribunales para en caso de que el Centro de Servicios de Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) insista en su intención de recortar 11 por ciento de la asignación al programa de Medicare Advantage a la Isla.

 

“Esta amenaza de recortar hasta el 11 por ciento en la asignación de beneficios al programa de Medicare Advantage en Puerto Rico es injusta porque los puertorriqueños pagan la misma cantidad del impuesto para el Medicare que cualquiera de los otros estados de Estados Unidos y seriamos la única jurisdicción que recibe un recorte cuando la mayoría de los estados tendrán un aumento de hasta 3 por ciento en los fondos asignados”, señaló Perelló Borras, quien además recalcó que “habremos de acudir a los Tribunales” en caso de que la decisión en torno al recorte prevaleciera.

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