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Pierluisi presenta proyecto de ley que brinda igualdad de trato a la tercera edad en la Isla bajo la Parte D de Medicare

Pierluisi

El comisionado residente, Pedro Pierluisi presentó el jueves, un proyecto de ley en el Senado federal junto al senador Bill Nelson de Florida para brindar igualdad de trato a la tercera edad en Puerto Rico y ponerle fin al discrimen que enfrenta la Isla bajo la aplicación de la Parte D de Medicare a beneficiarios elegibles.

“El propósito de esta legislación es poner fin al discrimen que enfrentan Puerto Rico y los demás territorios en la aplicación de la Parte D de Medicare desde que comenzó el programa en el 2006.   Ese trato desigual afecta la capacidad de nuestras personas mayores para pagar los medicamentos con receta y priva a nuestro sistema de salud de fondos muy necesarios”, afirmó Pierluisi en un comunicado de prensa.

La medida busca extender el programa de subsidio de bajos ingresos a beneficiarios elegibles en Puerto Rico y otros cuatro territorios de Estados Unidos. De aprobarse la misma, se estima que podría beneficiar cerca de 438,000 personas en Puerto Rico, 60 por ciento del total de 730,000 beneficiarios de Medicare en la Isla.

El senador Nelson es miembro del Comité de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre todos los programas de salud federales, incluyendo Medicare.  El proyecto de ley es coauspiciado por el senador Chuck Schumer, de Nueva York, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y el senador Richard Blumenthal de Connecticut.

“Agradezco al senador Bill Nelson por radicar el proyecto de ley en el Senado federal.  Puerto Rico carece de representación en ese cuerpo y el senador Nelson se ha convertido en un defensor de trato igual para el territorio bajo programas federales de salud y otros.  Como resultado de la migración masiva desde Puerto Rico a los estados, el número de residentes de la Florida nacidos en Puerto Rico o de ascendencia puertorriqueña se ha duplicado desde el año 2000, de menos de 500,000 a más de un millón”, sostuvo Pierluisi.

De igual forma, el comisionado añadió que “en Puerto Rico, los ciudadanos americanos no pueden votar por sus líderes nacionales y son tratados de forma profundamente desigual por el gobierno federal.  Sin embargo, si se mudan a la Florida o en cualquier otro estado, tienen derecho inmediato a votar por el presidente y los miembros del Congreso, y se garantiza la igualdad de trato en virtud de todos los programas federales”.

Hay más de 730,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico.  Alrededor del 70 por ciento está inscrito en un plan Medicare Advantage, mientras que el 30 por ciento restante está inscrito en el Medicare tradicional de pago por servicio.

Mientras que la Parte A de Medicare cubre los servicios de hospitalización y la Parte B cubre los servicios médicos y otros tipos de cuido ambulatorio, la Parte D cubre los medicamentos recetados. La Parte D es voluntaria, por lo que requiere una prima mensual.  Si un beneficiario está inscrito en el Medicare tradicional, puede comprar cobertura de la Parte D independiente a través de un plan de medicamentos privado.  Si el beneficiario está inscrito en un plan Medicare Advantage, el beneficiario paga una prima mensual de la Parte D a ese plan.

En los 50 estados, los beneficiarios de Medicare con un ingreso anual por debajo del 150 por ciento del nivel federal de pobreza son elegibles para recibir un subsidio de bajos ingresos del gobierno federal, lo que reduce o elimina la prima mensual y otros gastos directos de su bolsillo asociados con la Parte D.  El subsidio es pagado directamente por el gobierno federal para el plan del beneficiario, ya sea un plan de medicamentos independiente o un plan Medicare Advantage.  Alrededor de dos tercios del gasto federal en la Parte D se utiliza para subsidios de bajos ingresos.

“Por el contrario, los beneficiarios en Puerto Rico y los demás territorios no son elegibles para el subsidio de bajos ingresos, un forma flagrante de discriminación.  En su lugar, el gobierno federal ofrece al gobierno a Puerto Rico con una ‘asignación mayor’ para complementar tope anual de Medicaid del territorio, conocida como EAP.  Bajo la fórmula de EAP, Puerto Rico recibe cerca de $40 millones al año, una cantidad escandalosamente insuficiente.  Además, para poder utilizar esos fondos, el gobierno de Puerto Rico tiene que parear  el 45 por ciento, igual que en todos los demás fondos federales de Medicaid.  En cada uno de los últimos tres años, el gobierno de Puerto Rico utilizó menos de la mitad de los fondos EAP disponibles, a pesar de que existe gran necesidad de asistencia de medicamentos recetados en la isla”, expresó Pierluisi.

“En resumen, además de sufrir un grave déficit de fondos federales al recibir una llamada ‘asignación mayor’ en vez del subsidio de bajos ingresos que reciben los estados, no puede incluso utilizar la mayor parte de los limitados fondos a los que es elegible debido a la exigencia de pareo local”, añadió.

En enero de 2014, el Comisionado Residente radicó en la Cámara el proyecto, conocido como “Ley para la Igualdad en la Asistencia de Medicamentos con Receta bajo Medicare en los Territorios” (Territories Medicare Prescription Drug Assistance Equity Act).

“Los proyectos de ley prácticamente idénticos que el senador Nelson y yo presentamos lograrían tres cosas en Puerto Rico.  En primer lugar, ayudarían a los beneficiarios de Medicare que ganan hasta el 150 por ciento del nivel de pobreza federal a poder comprar los medicamentos recetados que mejoren su salud y, en algunos casos, hasta salvar su vida.  Segundo, reducirían la carga financiera de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico, lo que les permitiría utilizar los ahorros para mejorar los servicios y reducir los costos para los beneficiarios. Por último, la legislación ahorraría decenas de millones de dólares al año al gobierno de Puerto Rico en el pareo de los costos que debe pagar para retirar los limitados fondos de EAP.  Este alivio es particularmente importante a la luz de los desafíos fiscales que enfrenta el gobierno del territorio”, reiteró Pierluisi.

A base de las estadísticas de la Oficina del Censo, se puede estimar que, si el subsidio de bajos ingresos se extiende a Puerto Rico, cerca del 60 por ciento de los 730,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico podría ser elegible para recibir asistencia federal para la compra de medicamentos recetados.  Un estimado del importe total de la ayuda federal a Puerto Rico a través del subsidio de bajos ingresos es de unos 300 millones de dólares al año, que es aproximadamente 7.5 veces la cantidad de fondos federales para los que Puerto Rico es actualmente elegible bajo EAP.

Denuncia Pierluisi “impacto negativo de última movida fiscal de la presente administración”

Pierluisi

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, lamentó el miércoles, “el gran impacto negativo que tiene la última movida fiscal de la presente administración en la credibilidad y confiabilidad de Puerto Rico en los mercados financieros”.

“Otra vez la administración del gobernador García Padilla afecta severamente la credibilidad y confiabilidad de Puerto Rico como un destino de inversión. ¿Por qué dejar en suspenso a nuestro pueblo, a los inversionistas, al Congreso y a la Casa Blanca por las pasadas semanas en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones en los mercados financieros? No pueden decir que no sabían si iban pagar, porque simplemente esa decisión no se toma de la noche a la mañana. Tampoco pueden pretender que creamos que la Orden Ejecutiva firmada ayer se redactó horas antes. Sencillamente, eso no funciona así”, acotó Pierluisi en un comunicado de prensa.

“Me parece bien que hayan optado por cumplir con las obligaciones contractuales del Banco Gubernamental de Fomento. Sin embargo, la activación de la cláusula de clawback en las emisiones de bonos de la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el Distrito del Centro de Convenciones, entre otras, coloca a estas entidades en posiciones muy delicadas ante sus acreedores y presagia un futuro lleno de impagos y litigios de cobro contra éstas. En otras palabras, al quitarle recursos a esas corporaciones públicas, el gobierno central sigue en la vía del impago , con la inestabilidad e inseguridad que eso conlleva. Para que Puerto Rico vuelva a crecer lo primero que tenemos que hacer es estabilizar, en vez de desestabilizar aún más, las finanzas de nuestro gobierno”, añadió.

Pierluisi, además, cuestionó las cifras reales de recaudos y gastos de la administración del Partido Popular.

“Esta administración estuvo celebrando con bombos y platillos los niveles de recaudos de Hacienda hasta septiembre, pero ahora vienen con el cuento de que no tienen efectivo. ¿Dónde está el 4.5% adicional que nos impusieron con el IVU agrandado? ¿Dónde está el dinero de la Crudita 1 y 2? ¿Dónde están los ingresos de los 90 impuestos que han legislado? Uno de dos: o admiten que no se materializaron los recaudos esperados o reconocen que nuevamente se excedieron en sus gastos”, subrayó el comisionado residente.

“La falta de credibilidad, efectividad y de transparencia de esta administración es inaudita e inaceptable”, finalizó el presidente de la Palma.

Comisionado residente insiste el problema económico de la isla “se resuelve con la estadidad”

pierluisi

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, publicó en el New York Times una columna en donde concluye que para atajar el problema económico y fiscal de Puerto Rico, el “antídoto” es la estadidad.

“Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado”, dijo Pierluisi en el escrito.

Añadió que “en el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad.  El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal.  Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017.  Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad”.

De paso, Pierluisi rechazó la comparación económica de la isla con Grecia.

“La analogía con Grecia es inapropiada.  Puerto Rico no es un país soberano en una unión monetaria con Estados Unidos.  Desde una perspectiva constitucional, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos.  El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados.”, dijo Pierluisi.

 

A continuación, reproducimos el escrito completo de Pedro Pierluisi:

 

“Sólo hay un antídoto para lo que aqueja a Puerto Rico

Es hora de convertir a Puerto Rico en el Estado 51.

WASHINGTON, DC – El gobernador de Puerto Rico afirmó recientemente que la isla no puede pagar todas sus deudas. En los medios de comunicación abundan las comparaciones con Grecia. Si Puerto Rico fuera un paciente, la mayoría de los comentaristas han estado diagnosticando mal su enfermedad y recomendando el tratamiento equivocado. Es necesaria una dosis de realidad.

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, donde viven 3.5 millones de personas que yo represento en el Congreso. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde el 1917 y han servido en el ejército de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Además, en los estados viven otros cinco millones de individuos de descendencia puertorriqueña y mientras las condiciones en Puerto Rico se deterioran, mis constituyentes se están mudando a los estados a un ritmo de 50 mil personas al año.

La analogía con Grecia es inapropiada. Puerto Rico no es un país soberano en una unión monetaria con Estados Unidos. Desde una perspectiva constitucional, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados.

Tal vez en un esfuerzo por ser amables, algunos comentaristas se refieren a Puerto Rico como “Commonwealth” (Estado Libre Asociado), implicando que Puerto Rico tiene un estatus especial. Pero esta palabra no tiene ningún sentido práctico, como lo demuestra el hecho de que varios estados se llaman a sí mismos “Commonwealth”.

La enfermedad de Puerto Rico es una condición crónica. La tasa de desempleo, la tasa de pobreza y el ingreso familiar siempre han sido peor que los de cualquier estado. La causa principal es la desigualdad. Los ciudadanos americanos residentes en la Isla no pueden votar por el Presidente ni por senadores y solo tienen a un delegado sin derecho al voto en la Cámara federal. Es desalentador ver a muchos autoproclamados progresistas que hablan elocuentemente sobre la importancia del derecho al voto, pero callan sobre el tema cuando se trata de Puerto Rico.

El Congreso rutinariamente trata a Puerto Rico y a los demás territorios peor que a los estados. Considere el Medicaid, que ofrece seguro de salud para los pobres. Los fondos federales de Medicaid disponibles para los estados son ilimitados, pero limitados para Puerto Rico. Los mil millones de dólares en asignación anual de Medicaid que Puerto Rico recibe de Washington representan alrededor del 20 por ciento de los $5 mil millones que recibe el Estado de Oregón, de tamaño similar. A Puerto Rico también se le trata de manera desigual bajo Medicare, a pesar de que mis constituyentes pagan los impuestos federales sobre nómina que financian gran parte de este programa. La Ley Federal de Cuidado de Salud Asequible -Obamacare- ha sido objeto de debate partidista, pero rara vez se ha mencionado como defecto de la ley el hecho de que los territorios están excluidos de la mayoría de sus nuevos programas y protecciones.

La lista es interminable. A Puerto Rico se le excluyó del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, que ayuda a los americanos más vulnerables. El territorio no participa en el programa federal de nutrición; en su lugar recibe fondos en bloque, por lo que recibe $450 millones menos de lo que recibiría si participara en el programa federal de nutrición como los estados. A Puerto Rico se le excluye parcialmente del crédito de impuestos por hijos y totalmente del crédito por ingreso del trabajo que estimula a las personas de bajos recursos a buscar empleo. A diferencia de los estados, Puerto Rico no puede autorizar a sus corporaciones públicas a buscar alivio bajo el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebra, lo que impide su recuperación.

El argumento de que el trato desigual se justifica porque el Congreso no le requiere a los residentes de la isla pagar impuestos federales sobre los ingresos locales es débil. Casi la mitad de todos los hogares en los estados no ganan lo suficiente para pagar impuestos sobre ingresos, pero aún así son tratados con igualdad.   Es más, como resultado de los créditos fiscales federales, es muy probable que una familia de clase trabajadora compuesta de cuatro miembros en los estados, tenga un ingreso neto mayor que una familia idéntica en Puerto Rico.

No es de extrañar, entonces, que Puerto Rico esté en recesión, tenga una deuda excesiva y pierda su población. El trato desigual a nivel federal, combinado con la mala gestión a nivel territorial, tienen un efecto perjudicial sobre la economía de la isla. Para compensar la falta de apoyo federal, el gobierno de Puerto Rico ha tomado prestado en grandes cantidades. Y cuando mis constituyentes se mudan a los estados, adquieren el derecho a votar por sus líderes nacionales y el derecho a la igualdad de trato ante la ley federal. Por tanto, lógicamente se van.

Habiendo diagnosticado mal la enfermedad de Puerto Rico, muchos comentaristas recetan la medicina equivocada, como eximir a Puerto Rico del salario mínimo federal. Una propuesta mucho más sabia sería conceder a Puerto Rico un trato más equitativo en los programas federales y créditos contributivos. El objetivo debería ser cerrar la brecha con los estados, no ampliarla.

A corto plazo, Puerto Rico puede manejar su crisis formulando políticas públicas más inteligentes, pero la única solución duradera es la estadidad. En una vista pública reciente del Congreso, les dije a mis colegas: “si nos dan los mismos derechos y responsabilidades que a nuestros conciudadanos americanos y nos permiten avanzar o fracasar en nuestros propios méritos, nos levantaremos. Pero si continúan tratándonos como ciudadanos de segunda clase, no finjan estar sorprendidos cuando fracasamos”.

En el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad. El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal. Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017. Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad. Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado.

Pedro Pierluisi”

Pierluisi confirma Gobierno Federal reitera recortes al Medicare Advantage en Puerto Rico

Medicare

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunció el lunes que los Centros para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) se reiteraron en su determinación de cortar el 11 por ciento de los fondos que recibe Puerto Rico de Medicare Advantage.

 

 

Según el comunicado de prensa, el funcionario de Medicare de más alto rango en CMS, Sean Cavanaugh se comunicó con Pierluisi y le informó “que la información provista por los actuarios de los planes Medicare Advantage como base para el ajuste solicitado no contenía toda la data de los costos de cubrir a los beneficiarios que cualifican tanto para Medicaid como para Medicare.  Como resultado, CMS encontró que, contrario a lo expuesto por los planes Advantage, el costo de un paciente de Medicare regular es mayor que el costo de un paciente de elegibilidad dual.  Es por esto que decidieron que no se justificaba el ajuste en las tasas de pago”.

“Le expresé al Director de CMS mi preocupación con la crisis de salud que enfrenta Puerto Rico debido a la multitud de inequidades que afectan a los beneficiarios de los programas de Medicare y Medicaid en la Isla producto del estatus territorial.  Cavanaugh reconoció estas inequidades y expresó que CMS comparte mi preocupación, por lo que se comprometió a trabajar conmigo para encontrar soluciones a corto y largo plazo.  Conocen de la legislación que he sometido delineando esas soluciones y cuento con que lucharán junto a mí para que se convierta en ley,” aseveró Pierluisi.

El comisionado residente recibió además una carta oficial de CMS firmada por administrador interino, Andrew Slavitt, explicando la decisión de la agencia.  En la carta, Slavitt le informa a Pierluisi que “están al tanto de la legislación que presentó, la Ley para Mejorar el Trato a los Territorios estadounidenses bajo los Programas Federales de Salud de 2015, que busca atender muchos de los retos que enfrenta el territorio y su sistema de salud.  La Secretaria Burwell y yo estamos comprometidos a envolvernos en estos asuntos y, para esos fines, la Secretaria está creando un grupo de trabajo en el Departamento de Salud federal para que sirva como un mecanismo coordinado de atención y respuesta por parte del Departamento sobre los múltiples asuntos que enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico.”

Se indicó que la misiva de Slavitt explica todo el análisis empírico que hizo la agencia sobre los pagos a planes Medicare Advantage.  Asimismo, reconoce la importancia de que el programa de Medicare Advantage en Puerto Rico tenga salud fiscal a largo plazo, ya que representa el acceso a servicios de salud a los beneficiarios de Medicare de bajos ingresos.  El Departamento se comprometió a “completar dos proyectos de análisis que pueden afectar los planes Advantage en el 2017, y a iniciar una revisión sistemática de los asuntos que enfrenta Puerto Rico por medio de un grupo especial de trabajo de todo el Departamento de Salud federal”.

“Cientos de miles de beneficiarios de Medicare en la Isla reciben sus servicios a través de planes Advantage por lo que es esencial que tengan una compensación justa para poder garantizar los pagos a proveedores de salud y el servicio a nuestros ciudadanos de la tercera edad.  Por mi parte, continuaré luchando para que todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan acceso a servicios de salud adecuados y para que sean tratados justamente en todos los programas federales de salud,” afirmó Pierluisi.

Previo a conocerse de la determinación, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás dijo que el Gobierno de Puerto Rico estaría dispuesto a recurrir a los Tribunales para en caso de que el Centro de Servicios de Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) insista en su intención de recortar 11 por ciento de la asignación al programa de Medicare Advantage a la Isla.

 

“Esta amenaza de recortar hasta el 11 por ciento en la asignación de beneficios al programa de Medicare Advantage en Puerto Rico es injusta porque los puertorriqueños pagan la misma cantidad del impuesto para el Medicare que cualquiera de los otros estados de Estados Unidos y seriamos la única jurisdicción que recibe un recorte cuando la mayoría de los estados tendrán un aumento de hasta 3 por ciento en los fondos asignados”, señaló Perelló Borras, quien además recalcó que “habremos de acudir a los Tribunales” en caso de que la decisión en torno al recorte prevaleciera.

Pierluisi sobre el IVA: “Si no funciona lo quitamos pero si funciona…”

Pierluisi

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi dijo el viernes que si se convierte en gobernador y no funciona el Impuesto de Valor Añadido (IVA) no funciona lo eliminará.

 

“Si por alguna razón milagrosamente, porque no lo vemos venir, funcionara este sistema, pues entonces uno toma la decisión que tenga que tomar en ese momento”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Pierluisi insistió en que no puede categóricamente asegurar que eliminaría el IVA como han planteado algunos miembros de su colectividad.

“Lo que me rehúso a decir es que se ha a derogar algo que yo ni sé en qué va a consistir”, dijo.

El líder novoprogresita mencionó al finalizar la reunión con su conferencia legislativa que combatirán la puesta en vigor del IVA con la esperanza de que el gobierno actual desista de su implantación.

Mencionó además que buscarán que las organizaciones empresariales (como Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, entre otras) intensifiquen su oposición a la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla.

Pierluisi criticó que el gobierno pretenda a través del IVA “aumentar sus recaudos para seguir gastando”.

El comisionado residente manifestó que en lugar de implantar un IVA se debería mejorar la captación del IVU a través de la tecnología y el consenso con los municipios quienes a su entender han sido efectivos recaudando el impuesto municipal.

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